Más de 50 empleados y policías de diferentes cárceles han sido despedidos este año por faltas y delitos, en contubernio con privados de libertad, informaron este domingo autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Recientemente 245 mil lempiras fueron encontrados dentro de una unidad, propiedad de Instituto Penitenciario, donde se transportaban un policía militar y a 17 custodios.
Se asume que el dinero es producto de extorsión y los acusados pretendían introducirlo y entregarlo a cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), internos en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara.
Días antes, cinco efectivos encargados del resguardo de reclusorios habían sido detenidos por introducir granadas en “El Pozo II”, localizado en Morocelí, El Paraíso.
Los culpables se encuentran a la orden a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y del Ministerio Público.
Funcionarios del Instituto Penitenciario advirtieron que no van a tolerar acciones al margen de la ley de parte del personal asignado.
En junio de este año, se informó sobre el hallazgo de armas de grueso calibre, dinero y drogas luego de una reyerta en la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán, que dejó tres reos muertos y varios heridos, lo que demuestra que los internos mantienen un absoluto control.
Las irregularidades no han podido ser controladas por mucho que los funcionarios de la rama han abundado en las medidas implantadas en los módulos de extremo control donde están confinados los delincuentes más peligrosos.
En el pasado reciente, autoridades de la entonces Dirección Nacional de Servicios Especiales preventivos acusaron a los custodios asignados a los reclusorios de ser los culpables de la falta de orden y del tráfico de armas y de droga dentro de tales establecimientos.
En la última década, la población penitenciaria se ha incrementado en un cien por ciento. Los recintos que presentan el mayor hacinamiento son los que operan en La Esperanza, Intibucá; Danlí, El Paraíso; Puerto Cortés, en Cortés; y Trujillo, Colón.
También presentan sobrepoblación las cárceles de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, y La Tolva, en Morocelí, El Paraíso. La relación entre los procesados y los condenados se mantiene en el mismo rango de mora.
