Río de Janeiro.- La Policía Federal brasileña cumplió este lunes 18 mandatos de allanamiento y aprehensión de pruebas en oficinas y residencias vinculadas al diputado federal Sergio Souza, incluso en su propio gabinete en el Congreso, en el marco de una investigación por fraude a fondos de pensiones.
La llamada Operación Grand Bazaar, ordenada por la propia Corte Suprema de Justicia, tiene como objetivo «desarticular una red criminal de pagos de ventajas indebidas (sobornos) a un parlamentario federal por parte de personas involucradas en fraudes a fondos de pensión», informó la Policía Federal en un comunicado.
Los responsables por la investigación identificaron una red que desviaba recursos de fondos de pensión, los depositaba en empresas de fachada en Estados Unidos y posteriormente le pagaba sobornos a políticos y funcionarios que amparaban las corruptelas.
Souza, legislador del partido centrista Movimiento Democrático Brasileño (MDB), fue precisamente el instructor de una Comisión Parlamentaria de Investigación abierta por la Cámara de Diputados para investigar desvíos en fondos de pensión.
Esta comisión concluyó sus trabajos en abril de 2016 tras ocho meses de investigaciones sobre desvíos registrados entre 2003 y 2015 en varios de los mayores fondos de pensiones del país, entre los cuales Previ (de los empleados del estatal Banco do Brasil), Petros (de los empleados de la también estatal Petrobras), Funcef (de la Caixa Económica Federal) y Postalis (de los Correos).
En su informe el legislador concluyó que redes criminales desviaron cerca de 6.600 millones de reales (unos 1.650 millones de dólares) de los mayores fondos de pensión del país pero no identificó a todos los responsables por las irregularidades.
Según los investigadores, Souza al parecer recibió sobornos por cerca de 3,2 millones de reales (unos 800.000 dólares) para retirar de su informe final a la Comisión Parlamentaria parte de las corruptelas descubiertas y sus responsables.
Para buscar posibles pruebas de la vinculación del diputado con la red criminal, el magistrado Celso de Mello, uno de los once integrantes del Supremo Tribunal Federal, ordenó allanamientos en oficinas y residencias en las ciudades de Brasilia, Sao Paulo, Curitiba y Río de Janeiro.
El magistrado también ordenó el embargo de los bienes muebles e inmuebles del parlamentario y de otros cuatro investigados, incluyendo los expresidentes de dos fondos de pensiones.
De acuerdo con la Policía Federal, el diputado comenzó a ser investigado en 2018 luego de que un operador financiero que participó en los desvíos lo denunciara en el marco de un acuerdo por el que aceptó colaborar con las autoridades y delatar a sus cómplices a cambio de la reducción de su condena.
De acuerdo con el comunicado del organismo, los responsables por los desvíos hicieron remesas de recursos a empresas de fachada en Estados Unidos que eran usadas para las corruptelas.
«Con la confirmación del depósito de esos valores en las cuentas en el exterior, los operadores ponían a disposición recursos en efectivo en Brasil que eran entregados a supuestos intermediarios del parlamentario», según el comunicado. EFE
