LOS últimos comunicados de la Conferencia Episcopal han sido lapidarios. Concurran o no con las preocupaciones que manifiestan, coincidan o rechacen la crudeza con que se expresan, no sería de gente inteligente desoírlas. Las iglesias como los líderes espirituales gozan de credibilidad. Suscitan confianza por la sola influencia de su fe. Son, además, una especie de termómetro en las sociedades. Perciben con mayor facilidad, las urgencias, las angustias como el descontento de la gente. Comparten el sentimiento de la feligresía. Inciden como guías en las inquietudes y los desconciertos de las comunidades. Tienen liderazgo entre los fieles. La virtud de escuchar y dar consejo sobre todo en los lugares donde ofrecen su servicio piadoso. Los sacerdotes de la fe católica como los pastores de la evangélica, no solo ofician los fines de semana. Muchos de ellos conviven en estrecho diálogo con los creyentes citadinos o lugareños. Distinguen, entre el ruido ensordecedor de la ruinosa diatriba cotidiana y la divisiva agitación, la queja más inmediata, más íntima, más cercana al interés personal que aflige a la colectividad.
El penúltimo comunicado de la Iglesia Católica del “Basta ya”, fue una especie de sonora campanada para estremecer la conciencia. La proclama del “Basta ya” de la Conferencia Episcopal fue recibido y celebrado por muchos como nítida radiografía de la realidad nacional. En aquella ocasión, más allá de lo dicho en el comunicado, LA TRIBUNA, con ansias de adentrarse en los temas del debate, entrevistó al cardenal Óscar Andrés Rodríguez quien ofreció más luces. Con su característica erudición orientó a la opinión pública. Entre otros juicios ejemplificó que “en el diálogo no puede haber agendas dobles, debe prevalecer la sinceridad, donde todas las partes expongan sus puntos de vista, con la visión que no necesariamente se va a obtener la totalidad de lo que se demanda”. “No debe ser un diálogo de sordos, porque si uno no escucha, ¿cómo va, entonces, a reaccionar de una manera positiva?”. “El fanatismo es encerrarse en un recinto amurallado que no tiene otro criterio que su misma ideología”. Considera que los reclamos de los gremios “son causas justas y el gran problema ha sido esa infiltración de violentos que hacen que se desvirtúen legítimas peticiones, por consiguiente, hay que hacer todos los esfuerzos para que esas personas, que no buscan más que el caos, reflexionen que los problemas se solucionan hablando”. Sucedió, sorprendentemente que, concordante con esa causa, los políticos aprobaron reformas constitucionales importantes, y luego una ley especial para la elección de organismos electorales más confiables, de forma tal que el próximo proceso electoral sea un horizonte de esperanza. “Es muy importante darnos cuenta que el pueblo hondureño es bueno –concluyó diciendo el cardenal– es honesto, es un pueblo digno y entonces no podemos desfigurar a nuestro país”.
Ahora, sacudidos por los nuevos acontecimientos, la Conferencia Episcopal vuelve a pronunciarse. Inician expresando un pesar compartido: “Con profundo dolor constatamos cómo la lacra del narcotráfico”, como le ha llamado el papa Francisco, “que ha puesto fin a tantas vidas y que es mantenida y sostenida por hombres sin escrúpulos”, es una realidad que ha permeado las instituciones de nuestro país y que, como consecuencia, ha derivado en un deterioro acelerado de la imagen de nuestra patria en el concurso de las naciones”. Pero además tocan la otra calamidad. Que tristemente es abordada por políticos y funcionarios, solo cuando es escándalo noticioso ya que lejos de dársele solución, el país ha sido compelido a suscribir acuerdos de “cooperación de asilo”, para evitar que estas almas en pena encuentren, en otras latitudes, algún alivio a su impotencia. “Con dolor y pena –dicen los obispos– contemplamos el vía crucis de tantos hermanos migrantes”. “Duele reconocer que lo que más exporta Honduras son seres humanos movidos por la esperanza de una mejor vida y más segura.
Una esperanza que se frustra en quienes no logran alcanzar su meta y, más aún, en los 87,337 compatriotas deportados en lo que va del presente año 2019”. Concluyen haciendo un llamado, no al bochinche, sino al trabajo obligado que la patria exige de todos. “Es urgente que, junto a toda la ciudadanía, la clase política, empresarial, académica, colegios profesionales, campesinos y obreros, llevemos adelante un proceso de transformación del país que tenga como norte el bien común y su mayor beneficio que es la paz”.
