La que comenzó como una marcha de estudiantes y grupos sindicales volvió a convertir el lunes a Santiago de Chile, donde viven siete de los 18 millones de habitantes del país, en un campo de batalla. Policías reprimieron con gases lacrimógenos las protestas que comenzaron hace cuatro días y que hasta ahora han dejado 11 muertos.
Imágenes de la televisión mostraron el avance los camiones lanza agua de los carabineros -la policía- avanzando por las calles del centro de Santiago mientras uniformados arrojaban gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. De fondo se escuchaban detonaciones. Un fotógrafo de The Associated Press constató que al menos una persona resultó herida en los enfrentamientos.
Por la mañana la gente hacía largas filas en los supermercados para abastecerse ante el temor de que se repitan los saqueos de tiendas del fin de semana, que paralizaron buena parte de las actividades en Santiago. El transporte público funcionaba con limitaciones.
“Hacemos un llamado a la ciudadanía para proveerse de lo estrictamente necesario y no sobreconsumir”, exhortó en un mensaje televisivo Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. “Seamos prudentes en el consumo para no hacer colapsar el sistema”.
La víspera el presidente Sebastián Piñera dijo que el país está “en guerra” contra un enemigo poderoso.
Mientras, la expresidenta chilena y actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a todas las partes dialogar y que las protestas sean pacíficas.
“Estoy muy preocupada y triste de ver la violencia, la destrucción, los muertos y los lesionados en Chile en los últimos cinco días”, dijo Bachelet, citada en un comunicado de su oficina. “Es esencial que todos los actos que han provocado lesiones y muerte, tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes, sean sometidos a investigaciones independientes, imparciales y transparentes.”
Las manifestaciones comenzaron la semana pasada cuando el gobierno anunció un alza en la tarifa del subterráneo. Los estudiantes fueron los primeros en protestar, pero las manifestaciones rápidamente se extendieron a otros sectores y se tornaron violentas al grado de incendiar tiendas y los mismos trenes del metro.
Analistas, políticos y hasta el propio Piñera admiten que uno de los gérmenes de la violencia es la gran desigualdad social de Chile, donde la mayoría de los trabajadores tienen ingresos mensuales de entre 562 y 703 dólares y los jubilados reciben pensiones calificadas por varios como “de hambre”.
En muchos suburbios el temor a los saqueos llevó a que centenares de vecinos se organizaran vistiendo chaquetas amarillas y portando fierros, palos y hasta palas para defenderse.
Los muertos en los disturbios se elevaron a 11 el lunes, informó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, que precisó que 10 fallecieron calcinados y uno fue baleado por militares.
Las protestas llevaron a suspender las operaciones de buena parte del metro y el gobierno reforzó con 465 autobuses del transporte público.
Los ataques al subterráneo dañaron 85 estaciones, el 85% de la red que diariamente transporta a 2,4 millones de personas y que el lunes tenía funcionando parcialmente una de seis de sus líneas. Las otras cinco tardarán semanas o meses en ser restablecidas.
Antonio Vargas, empleado de un pequeño comercio de alimentos, dijo a AP que tardó casi el doble de tiempo en llegar a su trabajo a bordo de un autobús del transporte público.
El lunes también se suspendieron las clases para más de dos millones de estudiantes secundarios y universitarios y miles de personas trabajaban desde sus casas o vieron suspendidas sus jornadas laborales.
El caos estalló el viernes cuando violentas protestas y actos vandálicos siguieron a las manifestaciones masivas de estudiantes desde el lunes anterior en rechazo a un alza tarifaria en el subterráneo (de 1,12 a 1,16 dólares). El aumento fue anulado el sábado por Piñera y el lunes debía ser tramitado por el Senado.
El desorden generalizado se extendió a ciudades del norte y sur del país y Piñera reaccionó implantando estados de emergencias en una docena de grandes centros urbanos, en varios de los cuales los jefes militares a cargo del orden público implantaron el toque de queda.
Giorgio Agostini, psicólogo clínico y social, dijo a AP que en las últimas horas recibió llamados de “pacientes angustiados”. Consideró que detrás de la actual crisis se esconden grupos anarquistas que movilizan a muchos a través de las redes sociales “para generar molestias, revueltas” y que los más susceptibles a seguirlos son jóvenes con privaciones y familias disfuncionales que además atraviesan problemas reales como la fuerte desigualdad económica y social de Chile, con bajos salarios, remedios caros y mala educación. (AP)
