Por José Antonio Pereira Ortega
Coronel ® japo916@yahoo.es
A más de treinta años del retorno a los gobiernos electos democráticamente, pareciera que ha resultado imposible consolidar esa transición, tan necesaria para el desarrollo social y económico de nuestro pueblo, muy a pesar de los esfuerzos empeñados por sectores de la sociedad civil, las organizaciones políticas y los mismos gobiernos electos, cobijándose en una continua improvisación, que abren la oportunidad a las viejas prácticas y mañas que nos caracterizan como una democracia incipiente, comprometida con los mismos vicios como: el autoritarismo, el caudillismo, el tráfico de influencias y la oscura herencia del financiamiento de campañas políticas, con fondos de dudosa procedencia.
A su vez, este infecundo proceso ha afectado también la institucionalidad, tanto del Estado como de los factores del poder nacional (por doctrina los 4 factores del poder son: poder político, poder social, poder económico y poder militar), entre los cuales nos encontramos a las Fuerzas Armadas, que representan en este caso al factor poder militar, y que como otras instituciones evidencian una débil institucionalidad.
Vale observar, que los esfuerzos de los militares para establecer y mantener relaciones de subordinación, cumplimiento de órdenes, en un marco de colaboración y confianza mutua es desnaturalizado por una monumental ignorancia, al confundir la subordinación con la sumisión, prevaleciendo en el pensar del liderazgo político esta última condición y abusan del empleo incorrecto.
Suma también la afección de esa buena relación un innecesario deseo de demostrar quién es el que manda, generado en una incultura rubricada del revanchismo político desnaturalizado contra ellas, por lo que representaron en el pasado los “gobiernos militares”, una concepción errada o una mala interpretación fundada en la pobre comunicación, producto de esa atrofiada relación civil militar, que ha desbordado en una intención peligrosa de politizarlas, donde se puede detectar una visión de políticos jugando a generales y viceversa, por ello es común ver a grupos de soldados resguardando civiles empleados del gobierno, sin prestar atención a la ley al respecto, están tan convencidos de “su liderazgo que tratan como mozo al soldado en servicio.
Visto así, debo comentar que es un error pretender pasarle factura a la institución castrense, al inculparla por las malas actuaciones de sus miembros, que son en esencia temporales, obviando que la institución es la que es permanente y existirá mientras exista el Estado, no necesita más justificación que defender los intereses del mismo, en materia de defensa y seguridad nacional.
Lo confuso es, que cuando arrecia la tormenta y en las actuales condiciones de extrema confrontación de y entre las organizaciones políticas tanto del gobierno como de la oposición, se vuelve trascendental, y vuelve a mencionarse a las Fuerzas Armadas FFAA) como el único ente confiable y de manera silente aclaman su intervención como salvavidas de la institucionalidad y el mantenimiento de la gobernabilidad en precario, un clamor nacional de unos y otros en contienda, como del pueblo en general, dando pie hasta noticias y libelos falsos por su actuación.
El empleo en tareas políticas de las Fuerzas Armadas, está en el contenido del Artículo 272 de la Constitución de La República, que en la parte final expresa como misiones constitucionales, “mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República” y también la misión para cumplir tareas que garanticen “el libre sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales, poniendo además a las Fuerzas Armadas a disposición del supremo órgano electoral, un mes antes de las elecciones”.
Siendo serios y referidos en la modernización pretendida del Estado, este es un evento fuera de contexto en el actual concepto democrático, pero que las mismas instituciones políticas les confían a ciegas esa tarea a la institución armada, producto de la desconfianza que se tienen los contendientes.
Este acomodado proceder señalado en la Ley Primaria, ha producido un creciente desgaste en la credibilidad de la institución militar a quien le han endosado una cantidad de misiones ajenas al empleo natural y constitucional, que le resulta imposible de cumplirlas, y por mi experiencia en la institución, puedo decir de una ligera complicidad del liderazgo militar, en el que los líderes militares, han perdido la capacidad de discernir cuando deben decir sí y cuando decir que no, lo cual es aprovechado por los líderes políticos de turno en el poder y las emplean a su antojo y beneficio.
Finalizo aclarando, que por ese contenido del artículo 272 en lo referido al imperio de la Constitución y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, se han hecho cuestionamientos fuertes y groseros a los actuales jefes militares, explicando en su descargo que el empeñamiento de las Fuerzas Armadas por ley, es ordenado por el comandante general de las Fuerzas Armadas, que recae en el Presidente de la República, quien es el único culpable.
