Por Edmundo Orellana
Debe renunciar. Después de esa sentencia, en la que un jurado decidió la culpabilidad del hermano, no puede justificar su permanencia en el cargo.
El jurado, integrado por ciudadanos, decidió la culpabilidad. Para su familia es causa de dolor y, todos, sin excepción, debemos respetar su sentimiento. Nada justifica regodearse del mal ajeno ni hacer escarnio del que sufre.
Esa decisión del jurado, sin embargo, tiene otra connotación. Se aceptan los hechos relacionados y los testimonios ofrecidos en juicio, como pruebas irrefutables. Y entre estas se destaca la aceptación de que el sistema estatal hondureño se puso al servicio del crimen organizado y los señalamientos contra el gobernante como coconspirador en operaciones para introducir droga en USA.
En otras palabras, es una declaración del pueblo estadounidense por la que se califica un gobierno de un país amigo y a su gobernante. Esta declaración presidirá las relaciones entre nuestro país y Estados Unidos. Es un caso inédito en la historia de las relaciones diplomáticas. ¿Cómo se lidiará con esto en esas relaciones?
Ya tenemos la primera reacción de algunos miembros del Congreso estadounidense exigiendo que Trump suspenda su apoyo en algunas áreas al gobierno hondureño. En adelante, habrá, seguramente, más protestas y más exigencias; mientras tanto, la primera baja, seguramente, será el apoyo financiero que recientemente anunció Trump para el Triángulo Norte.
Nada podrá justificar, entonces, que se ignore esa declaración del jurado, en el desarrollo de las relaciones entre ambos países, mientras el gobernante continúe en el poder. Lo que augura malos presagios en esa relación, con el consiguiente perjuicio para el pueblo hondureño, sin excluir, desde luego, a los empresarios que exportan sus productos hacia ese país.
En las relaciones bilaterales y regionales, seguramente, incidirá esa declaración afectando la fluidez y la consistencia de la cooperación hacia nuestro país. En Centroamérica, por ejemplo, ofrece a Bukele argumentos suficientes para insistir en sus calificativos al gobernante, y animará, probablemente, a otros estadistas, si bien, no necesariamente, a ser tan explícitos, al menos a ser precavidos en sus acercamientos.
En la lucha contra el crimen organizado, especialmente narcotráfico y lavado de activos, a ningún país del mundo inspirará confianza este gobierno. Porque la percepción en el mundo es que en Honduras hay un narcogobierno, sustentada por esa declaración del jurado, que, a su vez, se apoya en hechos, para la justicia federal gringa, incontrovertibles y que su vigencia se proyecta hacia los juicios que en el futuro se inicien contra las autoridades mencionadas en el mismo.
Para nadie es un secreto que las organizaciones del crimen organizado sufrieron una restructuración con la entrega de los capos a las autoridades gringas. Ahora, son más y más horizontales. “Los Cachiros”, “Los Ardón”, “Los Valle” y todos los demás clanes familiares están en proceso de ser sustituidos por sus lugartenientes o por otros, de la misma organización o de otras organizaciones, por mareros o por extranjeros. Ya no los une la sangre, sino la ambición, con las consecuencias que de esto se deriva.
Nos encontramos, entonces, en una situación más confusa que la controlada por los capos históricos, porque no sabemos quiénes son los nuevos capos ya que no tienen aún la importancia de aquellos y, por ello, pueden mimetizarse en el ambiente criminal. Por otra parte, habrá que preguntarse cuánto afecta este fenómeno en la extensión de la percepción que se genera en la declaración del jurado, que no podrá eludirse en ninguna circunstancia ni momento.
La oposición puede perder el control de la protesta, porque ha perdido credibilidad con esas negociaciones para integrar los órganos electorales, crear un fondo para asignar subsidios a los diputados y el reconocimiento inconstitucional de la inmunidad parlamentaria, con las que ayuda a la estabilidad del régimen. La reacción popular, en consecuencia, puede desbordar a la oposición, creando situaciones de inestabilidad de imprevisibles consecuencias.
En conclusión, el país, que ya estaba sumido en una crisis sin precedentes, no podrá soportar las consecuencias que se deriven de esa declaración del jurado, mientras se mantenga en el poder el gobernante.
Por la salud de la República y si aún alberga amor por su patria, aunque sea un poquito, debe renunciar, lo que debemos exigir con firmeza, diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
