El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), instó ayer a los cuerpos de seguridad del Estado hondureño y manifestantes opositores, a mantener la cordura en sus actuaciones y respetar la labor que realizan defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación.
A través de un comunicado, el titular del Conadeh, Roberto Herrera Cáceres, se refirió al juicio seguido en el Estado de New York contra Juan Antonio Hernández y del veredicto del jurado emitido el pasado 18 de octubre declarando su culpabilidad en los cuatros cargos imputados de tráfico de drogas y utilización de armas y falso testimonio.
Herrera Cáceres dijo que se contactó con altos representantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas y le prometieron respetar los derechos humanos de las personas que participen en manifestaciones pacíficas, en ejercicio pleno de las libertades fundamentales de expresión, opinión, asociación, reunión y manifestación pacífica y sin armas.
“El ejercicio de estos derechos y libertades debe protegerse y respetarse por parte del Estado y prevenirse o evitarse actos de violencia arbitraria contra las personas que los ejerzan”, recomendó.
Reiteró su llamado a seguir los estándares de comportamientos democráticos de respeto de la dignidad humana según los cuales, es prioritario la protección y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, sin excepción alguna.
“Por las más recientes y lamentables experiencias de crisis pasadas, exhortamos a las autoridades a garantizar el respeto de las actividades que ejercen responsablemente los defensores de derechos humanos, así como los periodistas, comunicadores sociales y los medios de comunicación”, expresó.
En Honduras, el ejercicio periodístico se ha convertido en una profesión de alto riesgo, ya que se pone en peligro la vida hasta de fotógrafos y camarógrafos, principalmente, en la cobertura de protesta social.
En lo que va del 2019, decenas de personas vinculadas a medios de comunicación han sido objeto de amenazas y agresiones por parte de particulares como de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado que participan en las marchas de protesta.
