Por Óscar Lanza Rosales
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Después del veredicto del Juzgado Sur de New York, los hondureños hemos quedado delirando, principalmente nuestra clase política, oficialistas y oposición, que no saben qué hacer, ante la difícil situación que enfrenta el pueblo hondureño, que ha perdido la confianza en el gobierno de JOH, en las instituciones -como la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia que no han cumplido con sus funciones- y varios políticos que han financiado sus campañas con dineros del narcotráfico.
En ese desvarío y aprovechando el juicio de Nueva York, los diputados nacionalistas y sus afines, aprobaron en un solo debate la reforma de adición, al Artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que les devuelve la inmunidad -abolida en el período 2002-2006- que establece que los diputados no serán responsables penal, civil o administrativamente por la función que ejerzan, incluso las relacionadas al manejo de presupuestos para proyectos, como el de los fondos departamentales que manejaban antes, y que fueron reactivados en esa misma sesión, bajo la Ley Especial de Gestión, Asignación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos Sociales, que solo pueden ser auditados por el Tribunal Superior de Cuentas -según esa ley- que confirma la percepción popular, que el gobierno actual en todas sus instancias principales, ya no es confiable.
La opinión pública ha rechazado estas reformas. El director de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, lamenta esos pactos de impunidad para blindar los actos de corrupción de los diputados, y en los mismos términos se expresa la directora del CNA. Para ASJ, esto es un retroceso y un abuso. Y para la CGT, es un acto vergonzoso de los diputados.
Y con relación a lo que ha ocurrido en los juzgados de Nueva York, en el que ha salido sentenciado a cadena perpetua el hijo del expresidente Lobo, y ahora con un veredicto desfavorable, el hermano del gobernante JOH, la opinión internacional es que el gobierno de Honduras ha estado al servicio del narcotráfico. Así lo ha dicho el fiscal Emil Bove, que pidió al Jurado “que hagan justicia para un hombre -refiriéndose a Tony Hernández- protegido por el gobierno hondureño”. Agregando en otra declaración que “El Departamento de Justicia de Estados Unidos no buscaba manchar a Honduras -como lo insinuó el gobernante Hernández- sino limpiarla y hacer prevalecer la justicia que tanto hace falta en el país”.
Con estos actos, toda la estructura del gobierno actual, ha perdido la confianza y credibilidad de la mayoría de sus gobernados, que de acuerdo a lo manifestado por el sociólogo y filósofo alemán, Juergen Habermas, significa entrar en un proceso de crisis de legitimación, que se refiere a la desconfianza en las funciones administrativas, instituciones, o liderazgo que tiene el gobierno, que se ve disminuido en su capacidad para mantener o crear estructuras eficaces en el logro de los objetivos y metas de país.
Pero frente a esta crisis, el gobernante y sus colaboradores, y los mismos políticos de la oposición no han presentado un planteamiento serio a los hondureños para recuperar esa legitimación perdida del actual gobierno. El gobernante JOH no acepta que su gobierno cruza por una crisis, por el contrario rechaza los injustos y falsos señalamientos del fiscal Bove, que Honduras es un Estado que patrocina el narcotráfico. La oposición tampoco es seria, al decir Nasralla que salga JOH, y que él está listo para asumir el gobierno. O lo manifestado por Luis Zelaya, que salga JOH y se organice un gobierno de transición. Ambas propuestas, no están en la actual Constitución. Y “Mel” Zelaya que llama a la insurrección para sacar a JOH, sin medir las consecuencias para la raquítica economía del país, y la paupérrima economía familiar del 70% de pobres de los hondureños, que viven de un salario diario.
Lo ideal sería que renunciara JOH en forma voluntaria, y lo sucediera un designado presidencial, excepto uno que también se reeligió en forma ilegal. Para una clase política avanzada -que no la tenemos- una excelente opción sería que se pusieran de acuerdo para realizar un plebiscito, para adelantar las elecciones del 2021.
Y otra alternativa es esperar en forma paciente y pacífica, que termine JOH su período, y aprovechar ese tiempo para aprobar las reformas electorales -incluida la segunda vuelta- y fortalecer, como Dios manda el RNP y los organismos electorales, para que las próximas elecciones sean totalmente transparentes. ¡Esas son las alternativas para legitimar a nuestras autoridades de manera pacífica!
