Por Rodolfo Dumas Castillo
Hace unos días el gobierno de Honduras por fin reconoció que el país atraviesa una recesión económica. Aunque pretende evadir su responsabilidad al afirmar que esta es producto de un supuesto estancamiento mundial y de las manifestaciones ciudadanas, la confesión es importante porque durante mucho tiempo insistió en proyecciones de crecimiento que solo existían en sus sueños. ¿Qué cambió para que ahora hasta contemplen “medidas anticíclicas? No sabemos, pero la propuesta gubernativa sigue siendo la misma: reuniones improductivas y ofrecimientos demagógicos.
Los encargados de administrar el país ignoraron las claras señales que enviaba la economía desde hace mucho tiempo. Gigantescas caravanas de migrantes, cierre de negocios, creciente desempleo y baja en los precios de los “comodities” que exporta nuestro país y que son regulados exclusivamente por los mercados globales, no por los absurdos discursos de burócratas (algunos replicados por la prensa sin el menor cuestionamiento). Las quejas de los empresarios respondidas con sarcasmo o amenazas, mientras insistían en disparates como los 600,000 empleos que crearía el Plan 20/20.
Optaron por obedecer las recetas de organismos internacionales que utilizan a estos pobres países para experimentar sin importarles el desarrollo humano. Persisten en exprimir al pueblo, que apenas sobrevive, para salvaguardar un obeso e ineficiente aparato burocrático que, además, actúa bajo la más vergonzosa opacidad al amparo de leyes que vulneran los principios de transparencia y acceso a la información pública.
Todos los índices que miden la competitividad o facilidad para hacer negocios ubican a Honduras en una posición desfavorable, lejos de lo que buscan los inversionistas del mundo al momento de considerar destinos para sus capitales. Esa es la cruda realidad de una economía globalizada y no se soluciona con ilusionismo económico ni propaganda.
Íntimamente relacionado con esos índices está la maldita burocracia. La simplificación administrativa ofrecida reiteradamente por el gobierno nunca se materializa, no aterriza. Cualquier trámite o gestión ante la administración pública es un eterno enredo, un auténtico laberinto. La enorme discrecionalidad de los funcionarios públicos fomenta la corrupción y nutre el desánimo de quienes tienen la osadía de emprender.
El veredicto emitido recientemente en Nueva York agrava esta situación al extremo. El daño a la imagen de Honduras es absolutamente demoledor. Con este se confirmó que el crimen organizado penetró todo el aparato de gobierno, incluyendo presidentes, diputados, policías, militares, alcaldes, en fin, una contaminación total.
¿Qué inversionista en su sano juicio invertiría en un país donde sus gobernantes son señalados como “co-conspiradores” de los más grandes narcotraficantes del mundo? ¿Qué confianza pueden generar quienes se presentan como azote del crimen organizado, pero nunca supieron de las actividades ilícitas “a gran escala” de familiares cercanos? Lo anterior sin perjuicio de otras acciones que ya están en curso de parte de autoridades de ese país.
¿La solución? Liberar la economía. Eliminar todo obstáculo al emprendimiento, simplificación administrativa real y efectiva, reducción de tasas tributarias, y cualquier otra medida que resulte del consenso de empresarios, trabajadores, colegios profesionales, universidades y demás sectores productivos, es decir, de quienes generan riqueza, no de quienes se la roban; de quienes trabajan, no de quienes han demostrado absoluta ineptitud en sus funciones.
La convocatoria a ese gran consenso nacional puede nacer de una Cámara de Comercio, del Colegio de Economistas o de cualquier otra institución que tenga la voluntad de iniciar el rescate de nuestra economía.
Existen temas urgentes, como las reformas electorales, la lucha contra la corrupción, entre otros, que también requieren atención, pero responder a esta emergencia económica con sentido de urgencia le ahorraría a Honduras mucho sufrimiento a corto plazo.
Twitter: @RodolfoDumas
