Por José María Leiva Leiva
La declaración de culpabilidad de Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, de los cuatro cargos por los que era acusado en una corte de los Estados Unidos, no solo le privará a él de libertad, sino que también se lleva de encuentro la imagen, de por sí cada vez más deteriorada del país, que desde luego, repercute en un impacto negativo entorno a la inversión extranjera, y si fuese poco, el fallo compromete seriamente los nombres de varias personalidades políticas, entre los que destacan ministros, diputados, un expresidente y a su hermano, el actual mandatario, mencionados en el juicio por recibir sobornos de los narcos para financiar sus campañas electorales.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía de Nueva York, desde el año 2004 hasta 2016, Estados Unidos investigó al excongresista “Tony” Hernández. Durante esos 12 años (cuatro gobiernos) le siguieron la pista para identificar las actividades vinculadas al narcotráfico. Así mismo, da mucho que pensar al circunscribir esas actividades delictivas desde el año 2004, porque eso significa que sus operaciones se ejecutaron en el transcurso de los mandatos de otros tres presidentes hondureños, hasta concluir con el de su pariente cercano. ¿Tienen algo qué decir estos al respecto?
Nunca como hoy, los valientes testimonios que desafortunadamente le costaron la vida al ingeniero Alfredo Landaverde, expresados en dos comparecencias televisivas en el programa “Frente a Frente”, de fecha 1 y 17 de noviembre de 2011, y que pueden verse en la plataforma de Youtuve tienen una explicación, y todavía, una vigencia extraordinaria. Sus lapidarias palabras fueron: “El crimen organizado es un aparato con todas las de la ley, incluyendo inteligencia… la corrupción está en el Poder Judicial, la Policía, la Fiscalía, en la Corte, en los partidos políticos, en el Congreso… el país está al borde de un desastre”. Luego agregó: “Existen 14 empresarios del norte que están levando activos con el narcotráfico y tienen sociedad con los narcos. Son empresarios que trabajan con el gobierno, y el gobierno anterior, y el otro gobierno. Es decir no tienen partido. Para ellos el partido solo es un instrumento”.
En el caso que nos ocupa, por las graves implicaciones dadas a conocer en el tribunal neoyorquino, en las que aparecen mencionados políticos y funcionarios del gobierno de Honduras, debería abrirse el camino para que los entes acusadores del Estado como el Ministerio Público, dejen de estar “dormidos” ante tanto desmadre que por años viene dándose en el país. Pero claro, si estos órganos del Estado estuviesen confabulados o controlados por los involucrados, no pasará absolutamente nada. Lo otro, el recurso del juicio político que debería implementarse en el Congreso Nacional. Pero igual, si el recuento de votos para alcanzar la requerida mayoría depende de los actores políticos que están en el ojo del huracán, el resultado será igual a cero.
El otro camino, cuando las puertas de una verdadera democracia quedan cerradas por el autoritarismo o una dictadura, es el de la insurrección. Complicado, porque ello, probablemente acarrearía el riesgo de volverse violento cobrando una cantidad insospechada de víctimas mortales. En consecuencia, lo que quedaría sería la renuncia del gobernante y de su cuestionada estructura de gobierno (aunque por lo visto, es más fácil que Honduras gane un campeonato mundial de fútbol), acto seguido, habría que nombrarse una comisión de hondureños sobresalientes que en un término prudencial prepare el camino a unos nuevos comicios electorales, donde sobre todo, se registre con lupa el financiamiento de los partidos políticos y de sus candidatos a elección popular.
Ello incluye, cortar de tajo el dinero sucio que proviene de las actividades ilícitas, y que los gobiernos de turno dejen de estar saqueando las instituciones del Estado en provecho propio, como el salvaje e inhumano descalabro al que sometieron al IHSS. Por último, respecto a los tribunales estadounidenses que conocen y juzgan por estos delitos a nacionales de otros países, son, por un lado, una escandalosa bofetada a nuestros sistemas judiciales y aparatos de seguridad, que se muestran ineptos para hacer bien su trabajo.
Pero por otro, nos asaltan dudas como las descritas por Octavio Carbajal en su artículo dominical de diario El Heraldo, “¿Coca sin dueño?, del 28-julio-2019, al cuestionarse que “si estamos rodeados de radares ¿por qué el imperio permitió tanta orgía entre estos actores de linaje durante más de tres décadas? ¿De quién es la coca aquí y allá? Imposible que en el norte se hayan hecho los locos malcriando estrellas del narco”. El fallecido periodista mexicano Luis Manuel Ortiz, en el artículo “los capos de la droga en Estados Unidos”, publicado en la edición digital de Hispanic L.A. (periódico de política, opinión y arte de latinos en Estados Unidos), dice: “Estados Unidos requiere abastecer de drogas diariamente a entre 20 y 25 millones de adictos… Eso no es posible sin redes de comercialización y distribución internas muy efectivas… Nada de original pero sí mucho de cierto tiene la frecuentísima pregunta que hasta los recién nacidos se hacen: ¿Por qué nunca se sabe de algún capo de Estados Unidos que haya sido atrapado?”.
