SANTIAGO DE CHILE (AP) — El presidente chileno Sebastián Piñera envió el jueves al Congreso un proyecto para bajar la tarifa de la electricidad, que forma parte de un paquete de medidas con el que busca frenar el estallido social que lleva una semana y que ha dejado al menos 18 muertos.
Decenas de miles de personas se manifestaron la víspera en todo el país en reclamo de mejores condiciones de vida en un movimiento que, hasta ahora, no tiene portavoces. El jueves miles se reunían en las plazas del país.
“Sabemos que esta agenda social no resuelve todos los problemas, pero también sabemos que constituye un importante alivio y un importante aporte a resolver esos problemas”, dijo Piñera al anunciar el envío al Parlamento de la iniciativa que congela un alza prevista del 9,2% en la electricidad hasta diciembre de 2020.
Agregó que instruyó a sus ministros para que contacten a los diversos sectores sociales “y escuchar así, en forma fuerte y clara, la voz y el mensaje que nos han trasmitido los chilenos en los últimos días”.
Hace casi una semana, un violento estallido social que siguió a las protestas de estudiantes en rechazo al aumento en la tarifa del subterráneo irrumpió en la capital chilena y dejó a su paso la destrucción de la mayoría de las estaciones del metro, el saqueo e incendio de supermercados y farmacias y se extendió a casi todo el país.
El desorden fue seguido por manifestaciones que, desafiando el estado de emergencia y el toque de queda declarado por el gobierno, integran miles de personas que reclaman subas de sueldos, bajas en los servicios básicos y los medicamentos y mejores pensiones, entre otras exigencias.
Patricia Bravo, dueña de un pequeño taller de reparación de motocicletas, calificó las medidas del mandatario como “píldoras”. Dijo que a diario protesta porque “nos están robando con las AFP (administradoras privadas de pensiones)” y “nuestros viejos no alcanzan a vivir” con sus pensiones de 105.000 pesos (unos 144 dólares). Agregó que tiene dos hijos y se pregunta: “¿qué futuro les voy a dar?”.
En las concentraciones se leen pancartas con leyenda como: “no más abusos”, “nos quieren quitar hasta lo bailaó”, “queremos vivir dignamente”, “Chile despertó” y “no estamos en guerra, estamos unidos”, este último en alusión a la afirmación de Piñera, quien al inicio de la crisis afirmó que Chile está en guerra con violentistas y bandas criminales.
Muchas de las concentraciones que se suceden en todo el país son reprimidas por la policía antimotines con disparos de balines y un profuso uso de gases lacrimógenos.
Un comunicado del Colegio Médico dijo que se han atendido 1.183 personas, diez de ellas riesgo vital, y que por lo menos “45 ciegos en los últimos días”. También se reportó que han operado a 15 pacientes con por estallido ocular.
En las cercanías del vecino puerto de Valparaíso, cerca de un centenar de camioneros se expresaron en favor de las manifestaciones. Algunos portaban letreros de “no más alza de peajes”.
Un comunicado del gobierno dijo que la última jornada disminuyeron de 169 a 126 los “hechos graves” y no se informó de aumento de fallecidos, que llegan a 18.
Piñera aseguró que “la situación de orden público y seguridad ciudadana está mejorando”.
La agenda social de Piñera incluye un aumento del 20% en las pensiones y del 16% en los ingresos mínimos, proyectos para rebajar los precios de los medicamentos –que en Chile son de los más altos en la región– y rebajas en los ingresos de los parlamentarios, que parten de los 14.000 dólares mensuales.
Políticos oficialistas y de la oposición valoraron la agenda aunque la disidente centroizquierda pidió cambios profundos, como la reforma del sistema privado de salud y el que maneja los fondos de pensiones.
María López, una asistente de un hogar de ancianos de 37 años, señaló que protesta “para que cambien las cosas, para que bajen el precio de los remedios (medicamentos) y de la comida”. Añadió que las medidas del gobierno “no alcanzan”. “¿De qué le sirven a los abuelos un aumento de 22.000 pesos (unos 30 dólares)?”, se cuestionó.
La mayoría de los chilenos gana entre 400.000 a 500.000 pesos (entre 562 y 762 dólares) que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de vivienda, alimentación, salud y educación.
El canciller Teodoro Ribera anunció que Piñera se contactó con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, para que visite el país. Bachelet expresó esta semana su preocupación por la crisis chilena y pidió que los supuestos abusos por parte de militares o policías sean investigados.
“Tras monitorear la crisis desde el comienzo, he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Chile”, tuiteó.
