Luis Suazo, coordinador adjunto del Gabinete de Seguridad y Defensa, confirmó este domingo que el presidente Juan Orlando Hernández instruyó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y al Ministerio Publico (MP) para que investiguen los hechos que terminaron con la vida de dos privados de libertad en las cárceles de máxima seguridad, durante el fin de semana.
“El Presidente ha pedido al Ministerio Publico una investigación profunda porque hay razones para sospechar que fue dirigido por interés de los narco testigos dado que según su abogado Nery, alias ‘Magdaleno’ estaba en condiciones para demostrar la falsedad de la libreta usada en NY”, escribió en Twitter Suazo.
Aseguro que trabajarán hasta dar con los responsables de estas muertes, entre las que destacan la de ‘Magdaleno Meza‘, socio del cartel Valle Valle.
“Va ser una parte de la investigación, esta hipótesis de que alguien interesado de que el señor Meza no pudiese establecer que esa libreta realmente no era de él y no existía y no estaba en su vehículo y estaba interesado en que el no pudiera terminar de dar su declaración”, aseveró.
Suazo adelantó que la ATIC establecerá si estas hipótesis son correctas o no, lo que sí le puedo decir es que para el Estado de Honduras, una persona que está en custodia del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
“Estamos lamentando esta situación y vamos hacer una investigación profunda y para lo cual ya la ATIC y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) están en este proceso”, dijo sin explicar la razón por la que ingresaron las armas a los recintos.
Abogado debe presentar pruebas:
“Es demasiado aventurado no solo estableciéndolo como hipótesis sino asegurándolo de una manera como si tuviera las pruebas, si él tiene alguna prueba más allá de suponer debería de presentarlas al Ministerio Publico (MP)” declaró Suazo ante los señalamientos de uno de los abogados del fallecido Magdaleno Meza Fúnez, Carlos Chajtur.
“De tener pruebas de las denuncias realizadas, culpabilizando al Estado sobre la muerte ocurrida en el Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara debe entregarlas a la Fiscalía inmediatamente para la salud de esta situación y la investigación”, añadió.
Suspensiones:
Asimismo, reveló que el presidente Hernández ordenó a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), que interviniera los centros penitenciarios de Ilama, Santa Bárbara y Moroceli, El Paraíso con la finalidad de retomar el orden, control y la seguridad, también realizar una requisa general en ambos establecimientos para extraer cualquier objeto de uso prohibido.
Dijo que para transparentar el proceso investigativo se suspendió de sus funciones a los directores de ambos establecimientos, así como al personal encargado de la seguridad en los módulos donde se registraron los hechos violentos, todo con el propósito de que no puedan interferir de alguna manera en las investigaciones.
Sostuvo que, la suspensión de las máximas autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), no ha habido una decisión sobre ese extremo, si es algo que se ha estado en la discusión pero todavía no hay una decisión sobre ese tema, hay que recordar que ambos han sido los que han estado a cargo del proceso de reforma de la institución, donde efectivamente el sistema ha ido cambiando, no es perfecto pero ha ido avanzando.
Enfatizo, que la suspensión de la abogada Rosa Gudiel y German McNiel como directora y sub director del Instituto Nacional Penitenciario “no es un tema que se ha descartado pero está en análisis sobre la valoración y los aportes que ellos han hecho”.
Ingreso de armas:
Sobre la tenencia de armas al interior de los centros penitenciarios, sostuvo que desde anoche, Fusina realiza inspecciones generales con la finalidad de decomisar cualquier objeto de uso prohibido, recordó que los privados de libertad tratan de sobornar a los agentes penitenciarios para que introduzcan diferentes objetos. También a sus abogados y hasta al personal médico a quienes amenazan.
Suazo mencionó que antes el introducir un teléfono celular se pagaba 1,500 lempiras y actualmente el pago es de un millón de lempiras, ellos buscan diferentes métodos, en palos de escoba han tratado de introducir droga, y todo esto ha sido detectado mediante la tecnología instalada en estos centros penitenciarios.
Afirmo que la operatividad de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (FNCCP), ha permitido evitar que ingresen granadas, armas de fuego, drogas , ya en una ocasión se trató de introducir una pistola oculta en una pelota lanzada al área de esparcimiento de los privados de libertad.
El personal del centro penitenciario de Ilama, Santa Bárbara ya rindió este domingo su declaración ante las autoridades competentes como parte del proceso de investigación.
