La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, denunció el sábado que existe una trama para sacar del país a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), así como el desmantelamiento de UFECIC y la salida del fiscal general Óscar Chinchilla.
“Probablemente la evaluación que se ha pedido de la MACCIH es para preparar su salida del país, así como también se rumora la UFECIC será desmantelada y que el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla puede ser destituido de aquí a diciembre, porque hay toda una tendencia a que los diputados puedan tener los próximos dos años de campaña política sin tener alguna institución que audite el manejo de sus fondos”, expresó la exrectora.
Lo anterior en torno a la recién reactivada Ley de Fondos Departamentales -que según ella- es inconstitucional porque otorga un trato distinto a los diputados, a quienes llamó “barones de la política”.
Señaló que ningún poder del Estado puede excederse en sus funciones.
“La ley que aprobó el Congreso Nacional con el Fondo Social Departamental es una ley anticonstitucional porque es discriminatoria en el sentido que trata de manera diferente a las personas o funcionarios que manejan fondos públicos”, explicó.
Dijo no entender por qué los diputados del Congreso Nacional gozan de procedimientos especiales para liquidar fondos, no así con otros funcionarios del Estado.
Castellanos indicó que es potestad del Ministerio Público pedir la inconstitucionalidad de la ley aprobada por los “Padres de la Patria”.
Interpretó que “el fondo de este tema es que se le quita potestad de investigación al Ministerio Público y le está dando potestad al Tribunal de Cuentas que no tiene. La MACCIH en el país es transitoria y desde luego estoy de acuerdo que la norma obstaculiza su función, esto demuestra que no hay voluntad política de combatir la corrupción”.
La socióloga reflexionó que los diputados reactivaron el Fondo Departamental de 400 millones de lempiras porque se avecinan las elecciones de 2021. “De estos recursos estamos hablando que un millón para cada diputado propietario y medio millón para los suplentes, hablamos de 180 millones que se distribuyen entre los diputados de diferentes partidos políticos”, dijo.
Adicionó que el resto de esos fondos -220 millones- se distribuirán entre los diputados que más colaboran con las comisiones y que hacen los dictámenes más apegados a como los quieren los grupos de poder en el país. “Estos se llaman en el Congreso los barones de la política, estos son los diputados que más reciben de ese fondo departamental y hasta gestionan inclusive proyectos para otros compañeros de cámara”.
Ahondó que existen acuerdos entre las bancadas para tomar este tipo de decisiones.
En la última aprobación -continuó- lo que se conoció extraoficialmente que los acuerdos fueron que se iban a aprobar con mayoría calificada para que no fuesen a la Presidencia de la República y evitar la posibilidad de ser vetadas.
“El otro acuerdo fue que Libre no iba a hacer insurrección parlamentaria, por lo tanto Libre se iba a quedar callado en el sentido de no sacar vuvuzelas y la espuma para rociarla, no destruir extinguidores, pero se iban a oponen entre comillas haciendo algunas declaraciones como las que hemos visto, esto lo vamos a confirmar al ver cómo se distribuya el fondo”, desglosó.
