Tegucigalpa, (EFE).- El Comisionado hondureño de los Derechos Humanos, Roberto Herrera, condenó ayer domingo el asesinato de un preso en una cárcel de máxima seguridad, el sábado, y dijo que la problemática en los centros penales requiere una “atención urgente” del Estado de Honduras.
Señaló que las constantes muertes violentas de presos refleja “la falta de seguridad y que no se garantizan adecuadamente los derechos humanos de esa población, principalmente en las cárceles de máxima seguridad”.
“El Estado tiene que actuar siempre para proteger la seguridad de las personas que están privadas de su libertad especialmente en los centros de alta seguridad en los que también se han estado manifestando problemas últimamente”, enfatizó.
El defensor del pueblo hondureño señaló que la situación de los centros penales del país centroamericano “es grave” y requiere “una atención urgente” del Estado, ya que “no se respeta ni el derecho a la vida”.
Lamentó además la muerte violenta del preso Magdaleno Meza Fúnez, quien fue asesinado el sábado en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, departamento occidental de Santa Bárbara.
Fúnez Meza había salido ileso de varios atentados en la cárcel de Ilama, dijo a periodistas su abogado Carlos Chajtur, quien señaló que había solicitado al Instituto Nacional Penitenciario su traslado a una unidad militar.
El fallecido, añadió, había recibido amenazas de muerte después de que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado de Honduras lo vinculó al exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del gobernante hondureño, Juan Orlando Hernández, declarado culpable el 18 de octubre de los cargos por narcotráfico de los que lo acusó el Gobierno de EE.UU.
Tony Hernández, arrestado en noviembre de 2018 en Miami, fue acusado de conspirar para exportar drogas a EE.UU., de posesión de ametralladoras y de dispositivos destructivos y de mentir a las autoridades federales, de los que se declaró no culpable.
El abogado responsabilizó al Estado de Honduras por la muerte de Fúnez Meza y exigió una investigación para “conocer quiénes lo mandaron a asesinar”.
Al menos media docena de presos han muerto de manera violenta en la cárcel de Ilama desde 2018, según cifras del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
El organismo hondureño de derechos humanos indicó que al menos cinco centros penales han sido escenario de varios hechos violentos entre junio y lo que va de octubre que se han saldado con casi una docena de muertos y alrededor de medio centenar de lesionados.
Herrera dijo además que se requiere agentes penitenciarios “más profesionales”, con el fin de fortalecer “la capacidad de control interno y externo que necesita el Estado para cumplir con su obligación de proteger los derechos humanos”.
“Se requiere de un sistema penitenciario que lleve a cabo con seriedad y profesionalismo su labor de custodia de los centros penales y entienda, sobre todo, la necesidad de diseñar y ejecutar verdaderos programas de trabajo y educación para los internos”, enfatizó el defensor del pueblo hondureño.
El viceministro de Seguridad, Luis Suazo, dijo hoy que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Ministerio Público investigan la muerte violenta de Fúnez Meza, así como de otro preso, identificado como Marco Tulio Amador, quien fue asesinado el viernes supuestamente por un pandillero de la Mara Salvatrucha en la cárcel de Morocelí, departamento oriental de El Paraíso.
El funcionario aseguró que esas dos muertes “no quedaran en la impunidad”, pues la tecnología instaladas en ambos centros penales se ha logrado identificar a los victimarios.
