Panamá, 30 oct (EFE).- La Concertación Nacional de Panamá expresó este miércoles su “máxima preocupación” por la inclusión, en el paquete de reformas constitucionales que elaboró, de una serie de propuestas “inconvenientes e improcedentes” por parte de los diputados del Parlamento, a los que pidió “recapacitar a tiempo”.
“Es importante recapacitar a tiempo, enfocarse en los mejores intereses del país y aprovechar la oportunidad histórica de fortalecer la institucionalidad y combatir la corrupción”, dijo el presidente de la Comisión de Justicia de la Concertación Nacional para el Desarrollo de Panamá, Enrique de Obarrio.
La Concertación Nacional es un ente creado en 2008 en el que participan, de acuerdo con la data oficial, más de 2.000 representantes de los sectores empresarial, obrero, indígena, academia, partidos, ONG, iglesias y el Gobierno Nacional.
Se encargó durante 9 meses de redactar los 40 artículos que conforman el paquete de reformas constitucionales presentado en julio pasado ante el Parlamento por el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo.
El paquete de reformas impulsado por el Gobierno incluyen modificaciones en temas relacionados con la administración de justicia, la salud, la educación, el medio ambiente, la descentralización o el funcionamiento del Parlamento.
Entre las adiciones “inconvenientes” hechas por el Parlamento y citadas por la Concertación está que el pleno legislativo nombrará un “súper fiscal” que se encargaría de investigar tanto al Procurador General (Fiscal general) como al Procurador de la Administración (abogado del Estado).
En la reforma por los diputados, el Procurador de la Administración es a su vez el encargado de investigar a los diputados de la Asamblea Nacional, una tarea que ahora recae en los magistrados del Supremo.
La Concertación también tildó de “inconveniente e improcedente” las propuestas de reforma de los diputados que dan al Parlamento la potestad de modificar el presupuesto general del Estado y destituir ministros, por considerar que constituyen una interferencia en otros poderes del Estado.
Esas propuestas deben ser eliminadas, dijo la Concertación Nacional, que hizo un llamado “a la calma” tanto a los diputados como la ciudadanía, que en los últimos días ha protestado frente a la Asamblea Nacional, en actos que han incluido enfrentamientos con la fuerza pública sin registro de detenidos ni heridos.
También ha generado polémica que los diputados incluyeron la reforma del artículo referido al matrimonio, limitándolo solo a entre un hombre y una mujer.
El lunes pasado el Parlamento aprobó en tercer y último debate una reforma constitucional que ahora deberá ser nuevamente discutida y aprobada por la nueva legislatura que comenzará en enero próximo para después ser sometida a referendo popular.
La reforma de la Constitución, que fue redactada en plena dictadura militar y está vigente desde 1972, es una promesa de campaña de Cortizo, quien asumió el poder el 1 de julio pasado para un período de 5 años.
El mandatario se decantó por uno de los métodos que establece la Constitución para su reforma: que los cambios sean aprobados en dos legislaturas parlamentarias y que luego sean sometidos un referendo popular.
La Asamblea Nacional sesiona durante ocho meses, dividido en dos legislaturas de cuatro meses cada una, una que se extiende desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre, y otra que va desde el 2 de enero hasta el 30 de abril.
