San Salvador, (EFE).- El Gobierno de Costa Rica aceptó la solicitud de extradición de Juan Carlos Guzmán Berdugo, suegro del expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014), quien es requerido en El Salvador por el delito de lavado de dinero, informó este lunes el fiscal general, Raúl Melara.
El jefe del Ministerio Público dijo a periodistas que Guzmán Berdugo «guarda prisión en Costa Rica con el objetivo de ser deportado», e indicó que el «proceso (de extradición) no será tan expedito como quisiéramos porque él tiene habilitados recursos legales, lo cual, a esta fecha, detiene la deportación a El Salvador».
«Él está alegando lo que cree conveniente y está haciendo uso de sus derechos que la ley le franquea, pero lo importante es que la solicitud de extradición ha sido aceptada por el Gobierno de Costa Rica», añadió el fiscal.
Guzmán está acusado en El Salvador de formar parte de una red de corrupción supuestamente liderada por Funes durante su Gobierno (2009-2014) desde la Casa Presidencial, mediante la que sustrajeron más de 351 millones de dólares de fondos públicos.
El dinero fue a parar a ocho cuentas bancarias particulares y de las que sacaron más de 292 millones en efectivo, según la acusación.
Funes, nacionalizado nicaragüense en julio pasado y quien gobernó a El Salvador con la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, de izquierda), se encuentra en Nicaragua junto a su compañera Ada Michell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas.
El expresidente es procesado en su país por supuestamente apropiarse y lavar más de 351 millones de dólares del presupuesto estatal, fondos que fueron manejados en un esquema similar al usado por su antecesor, Elías Antonio Saca (2004-2009), para desfalcar más de 300 millones.
Saca, quien gobernó con la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena, de derecha), purga 10 años de prisión por cargos de pecualado y lavado de dinero.
Funes también es procesado por el supuesto pago de sobornos al ex fiscal general Luis Martínez para evitar investigaciones, malversar fondos de la construcción de una represa, revelar un documento secreto del Gobierno de Estados Unidos y evasión de impuestos.
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