Medidas cautelares para imputado caso Soptravi

MA
/ 6 de noviembre de 2019
/ 01:15 am
Síguenos
01234
Medidas cautelares para imputado caso Soptravi
Al encausado Norberto Antonio Quezada Suazo le dictaron medidas distintas a la detención judicial.

Más

El encausado Norberto Antonio Quezada Suazo se presentó ayer a los juzgados de Letras Penal en Materia de Corrupción, para el desarrollo de la audiencia de declaración de imputados, por suponerlo responsable de los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos.

Lo anterior lo confirmó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, quien agregó que, “luego que se presentó un escrito por parte de su defensa técnica llegó el encausado, quien está incluido en un requerimiento fiscal presentado hace unas semanas por parte de la Fiscalía”.

En ese sentido, el juez que conoció la causa le dictó medidas cautelares distintas a la prisión y programó la audiencia inicial para el martes 12 de noviembre.

Por esta causa se encuentran acusados por varios delitos, Walter Noé Maldonado, Carol Pineda, Claudia Marisela Matute, Daysi Matute y José Valladares, todos ellos exfuncionarios de la desaparecida Soptravi, y quienes en la actualidad se defienden en libertad y además les modificaron algunos delitos, luego de que la Corte de Apelaciones les revocó la medida de prisión preventiva, por sustitutivas, quedando solamente preso el exalcalde Miguel Rodrigo Pastor.

La investigación por este caso, surge a partir de la declaración de Devis Leonel Rivera Maradiaga, hecha ante un juez de los Estados Unidos, donde manifiesta que entró en contacto en el año 2009 para colaborar con campañas políticas a cambio de que les pudieran dar contratos por parte del Estado.

Para ese fin, se nombró en Soptravi como secretario a Miguel Rodrigo Pastor Mejía y como director de Carreteras a Walter Noé Maldonado, quienes le otorgaron a la empresa Inrimar, creada por Devis Leonel Rivera Maradiaga, 21 contratos por un monto total de 68 millones trescientos veintiséis mil seiscientos noventa lempiras (L68,326,690.55), que aparentemente tenían como objetivo realizar obras en los departamentos de Olancho y Tocoa.

Estos contratos se otorgaron sin que la empresa Inrimar cumpliera con los requisitos que establece la ley para poder contratar con el Estado, a través del fraccionamiento de 16 contratos para evitar la licitación pública.

Por esta causa, figuran en la acusación 12 personas de las cuales se encuentran al menos tres en calidad de prófugas de la justicia.

©2022 La Tribuna - Una voluntad al servicio de la patria. Honduras Centro América