Por Óscar Lanza Rosales
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Mediante el decreto PCM-052-2019, el Poder Ejecutivo determinó crear el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH), adscrito a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), para lo cual se crea una dirección de desarrollo agrícola en la jefatura del Estado Mayor Conjunto para la ejecución de este programa.
El Poder Ejecutivo emite este decreto -según sus considerandos- en consonancia con las leyes nacionales sobre cambio climático, sector agroalimentario, la política del sector agrícola y el medio rural, entre otras, para realizar acciones encaminadas a desarrollar y fortalecer las capacidades de adaptación de los productores ante los efectos del cambio climático, para promover una agricultura más resistente, sostenible y adaptada al clima. Y por supuesto, a base del artículo 274, segundo párrafo de la Constitución, que las Fuerzas Armadas (FF AA) está facultada para cooperar con todas las secretarías de Estado y demás instituciones que se lo soliciten, en sus respectivos campos de acción, en este caso en la parte agrícola.
El PDAH tendrá como objetivo incrementar la productividad y rentabilidad agrícola mediante la inversión en activos productivos, e inculcar en sus beneficiarios una mentalidad emprendedora, desarrollo de conocimientos, capacidades, actitudes y habilidades, como elemento esencial para generar riqueza y bienestar para productores y productoras.
El proyecto ya está en marcha, hasta finales del 2025, con un presupuesto total de 4 mil millones de lempiras, teniendo como meta apoyar a 60 mil productores. Este PCM instruye a la Secretaria de Finanzas y Fideicomisos de fondos para la reducción de la pobreza e inversión, respectivamente, a realizar las asignaciones correspondientes, comenzando con 66 millones en el presente año, para cumplir con compromisos con 1,200 productores, y en los años subsiguientes aproximadamente 660 millones de lempiras anuales, para atender 9,800 productores, en promedio por año.
Con este programa, todos los sectores han pegado el grito en el cielo, que no tiene ni pies ni cabeza, porque existiendo la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) ¿por qué asignárselo a las FF AA, que ya tiene clara su función constitucional?
Pero esta clase de desaciertos, en que se encuentran involucrados los militares, ya no nos debe sorprender, si las FF AA, desde el 21 de octubre de 1956, que le dieron el golpe de estado a Julio Lozano Díaz, han hecho lo que han querido hasta la fecha, en la conducción de los asuntos de Estado, como un poder paralelo o dominante al poder civil, y ahora con mucha mayor razón, cuando tienen de su lado a un gobernante pro-militar, que de acuerdo al reporte “Los militares en Honduras: de las barracas al Poder Ejecutivo” del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), les ha ido asignando a discreción, un presupuesto creciente -incluyendo el recaudado por la Tasa de Seguridad- en particular, desde el 2013 a la fecha, y la designación -como nunca en la historia- de militares al mando de dependencias gubernamentales propias para civiles.
CESPAD estima que entre 800 y mil militares estarían ocupando puestos -entre mandos altos e intermedios- en diversas instituciones del Poder Ejecutivo. De los cuales, 26 son descritos en el reporte -entre activos y retirados- que han sido ubicados como ministros o titulares -aparte de las carteras de Seguridad y Defensa- en instituciones como Migración y Extranjería, Instituto Hondureño del Transporte, Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDEs), Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado (DNIIE), representaciones diplomáticas, Universidad Nacional de Agricultura, o administrando el Proyecto Hidroeléctrico El Cajón, entre otras.
El gobernante Hernández justificó, en enero de 2017, la colocación de militares -de alto y mediano rango- en puestos claves en diversas instituciones del Estado en su gobierno, bajo el argumento siguiente: “Los oficiales de las FF AA son tan hondureños como cualquier otro; son personas que a lo largo de su carrera acumulan mucha experiencia, son de los que culminan sus carreras de los mejor formados del país y es una pena que el Estado no aproveche esa experiencia”. “De tal manera que no es militarización, sino más bien aprovechar la experiencia de un exmilitar que conoce muy bien lo que pasa en Honduras” según Hernández.
Esta decisión, además de ser atentatoria contra la institucionalidad, que la debilita más de lo que está, va ser otro despilfarro de recursos, al igual como cuando le asignaron a las FF AA cuidar el bosque, que más bien se desforestó más de la cuenta, o cuando le asignaron proteger La Mosquitia, que la convirtió en potreros para el ganado o en tierras para la agricultura.
Y de la rendición de cuentas: ¡Olvidémonos!
