En el marco del proyecto se tiene proyectada, para el 2020, la apertura de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural (FEEPC) en Tela, bajo el auspicio del “fortalecimiento al acceso de justicia para las comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras”, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio Público (MP).
La FEEPC, estará adscrita a la Fiscalía local de Tela y sería la primera de su tipo que se establece fuera de Tegucigalpa, lo cual mejoraría el acceso a la justicia al no tener que trasladarse hasta la capital, indicaron las autoridades.
Esta oficina, daría cobertura y atención especializada a las cerca de 50 comunidades garífunas que habitan en la zona e incluyen Atlántida, Cortés y Colón. Solo en Tela y áreas colindantes, se encuentran los pueblos garífunas de Tornabé, San Juan, Triunfo de la Cruz, Río Tinto y La Ensenada.
Como resultados de las acciones que realizará la FEEPC en Tela, se beneficiarán de forma directa aproximadamente, unas 200,000 personas afrohondureñas y 120,000 de la población indígena: Misquitos, pech, tawakas, tolupanes.
El proyecto “Fortalecimiento al acceso de justicia para las comunidades de Pueblos Indígenas y afrodescendientes de Honduras” es financiado por la AECID y está siendo ejecutado por el Ministerio Público.
Se prevé en el mismo colaborar con organizaciones de la sociedad civil activas en la defensa de las poblaciones indígenas y afrohondureñas, como la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO), y Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
El objetivo es poder facilitar el acceso a una justicia diferenciada basada en el reconocimiento de los acuerdos internacionales y normas nacionales de las personas indígenas y afrodescendientes.
Además de establecer una FEECP en Tela, en el marco del proyecto, se realizarán más acciones para promover el reconocimiento, respeto, representación y defensa de los derechos de las minorías, basado en los estándares internacionales y nacionales, con base en experiencias de otros países del fondo indígena, dirigido a funcionarios y funcionarias del sistema judicial e instituciones públicas, y un sistema de monitoreo de expedientes a efecto de analizar el cumplimiento de sus derechos, informó la AECID.
