El servicio del transporte público en su modalidad de buses rapiditos y amarillos pagan un promedio mensual de 22 millones de lempiras a bandas de extorsionadores en un delito que ya cobró la muerte violenta de 72 empleados, entre conductores y cobradores.
Los saldos trágicos, previo al cierre del 2019, fueron confirmados este sábado por el dirigente de ese rubro que opera en Tegucigalpa y Comayagüela, Jorge Lanza.
Los transportistas de Honduras pagan extorsión a la semana a diferentes bandas criminales. “Ellos piden el bono navideño, el de Semana Morazánica y Semana Santa”, señaló Lanza.
La fuente refirió que “solo en Tegucigalpa, los conductores pagan alrededor de 22 millones de lempiras al mes por el impuesto de guerra. Dios primero ya no cobren más, la situación ya no alcanza para poder sacar más dinero”.
Esa problemática provocó que varios transportistas hayan emigrado del país, temerosos de las constantes amenazas. “No se puede tener una reserva económica, no hay suficiente dinero para reparar las unidades, esto nos viene a sacrificar todo”, insistió Jorge Lanza.
De acuerdo con ese mismo reporte existen corredores donde el personal del transporte pagan entre siete y cuatro rentas a distintos grupos criminales.
Sobre este tema, la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) registra en su primer año de operaciones a nivel nacional la captura a casi 1 mil 700 miembros de grupos criminales y además logró evitar el pago de más de 51.6 millones de lempiras.
Esa fuerza fue creada el 1 de julio de 2018 por el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, bajo la coordinación del Gabinete Sectorial de Prevención, todo en el marco del Plan Morazán y Plan Morazán II.
Una de las acciones que recomiendan algunos sectores para fortalecer las capturas, pero sobre todo reducir el índice de crímenes, es implementar la tecnología en el transporte como lo establece la ley recién aprobada, pero que todavía no entra en operaciones.
