Los concursos magisteriales

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/ 5 de diciembre de 2019
/ 12:40 am
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Los concursos magisteriales
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Por Jaime Martínez Guzmán

Ha causado gran revuelo el resultado negativo que se ha obtenido en el reciente y transparente concurso magisterial, para llenar vacantes en el sistema a cargo de la Secretaría de Educación. De 25 mil aspirantes que se presentaron al evento, solamente unos 2,700 han alcanzado, en la prueba escrita, el puntaje mínimo (75%). La prueba contenía ítems de selección múltiple, 10 de cultura general, 10 de administración y legislación educativa y 30 de la especialidad a que se aplica.

La prueba fue elaborada por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma. La organización, administración y seguimiento del concurso ha estado a cargo de una junta nacional integrada por autoridades educativas y representantes de los colegios magisteriales, con la veeduría de organizaciones de la sociedad civil. La aplicación y corrección de la prueba ha estado a cargo de las juntas departamentales, integradas con igual representación que la junta nacional.

Hasta la aplicación de la prueba, todo fue de satisfacción. En su corrección es que ha resultado el problema de altísima reprobación, a pesar de que los maestros salieron alegres y optimistas del evento, manifestando que la prueba había estado fácil. Al parecer, en la selección de la respuesta correcta, sin mayor análisis, muchos se fueron por las respuestas distractoras.

Los concursos magisteriales se iniciaron en nuestro país desde 1969, a raíz de la vigencia de la extinta Ley del Escalafón del Magisterio que establece que para ingresar al servicio docente se requiere, f) Ser aprobado en el respectivo concurso de competencia. En el Estatuto del Docente, vigente desde 1967, se establece: “El reclutamiento docente se realizará mediante concursos que incluirán, al menos: calificación de créditos para el puesto, prueba de conocimientos y aptitudes profesionales, prueba psicométrica y calificación de méritos profesionales”.

Por muchos años, todo el proceso del concurso, desde la elaboración de la prueba, hasta su corrección se realizó a nivel de cada departamento, coordinado por la respectiva junta que integraban representantes de las autoridades educativas y de los colegios magisteriales. Ocurría, generalmente, que la prueba se filtraba favoreciendo a familiares y amigos de los representantes en la junta y muchas veces sometida a tráfico monetario. La lista de los aprobados con opción a nombramiento, era manejada discrecionalmente por los supervisores departamentales, con la influencia presionante de los políticos de turno y de los dirigentes magisteriales.

Desde la vigencia del Estatuto del Docente (1997), la prueba se ha venido elaborando en el nivel central, por especialistas contratados por la Secretaría de Educación. Luego distribuida, con sus respectivas pautas, al nivel departamental, tratando así de dar al proceso más seguridad, legitimidad y transparencia. Desde el tiempo indicado, son pocos los concursos realizados. Pareciera que así ha convenido a los gobiernos de turno para los nombramientos discrecionales. Además, frecuentes y prolongados paros de labores del gremio magisterial por incumplimiento gubernamental de salarios, conforme a un impagable Estatuto Docente, no ha sido un clima propicio para ello.

Tengo información del concurso realizado en 2017 en el cual, la aprobación de los participantes fue de 6%, contra el (10%) del presente año. La prueba escrita contenía preguntas bastante complicadas, dadas las instrucciones de la Secretaría de Educación, en el sentido de que deberían evaluarse competencias, situaciones didácticas y cultura general, centradas en temas de cambio climático, derechos humanos y cultura de paz, temas estos que no son de conocimiento abundante de la generalidad. No deberían evaluarse competencias a quienes no han sido formados en competencias.

Algunas consideraciones sobre lo ocurrido en los dos concursos:

A. En el pobre resultado ha sido determinante en los participantes: 1) La falta de capacidad para el análisis detenido en la selección de la mejor opción en las preguntas. 2) Insuficiente estudio y actualización de los saberes adquiridos en la educación formal y de la información que se recibe del acontecer en el entorno nacional y mundial. 3) La deficiente calidad educativa que han recibido, producto, en parte, de los frecuentes y prolongados paros de labores magisteriales de dos décadas. 4) Insuficiente preparación de base de los participantes, muchos de ellos bachilleres y peritos mercantiles que han accedido a la Licenciatura en Educación en la UPN y en la UNAH, sin la base pedagógica-didáctica de los normalistas. 5) Falta de remozamiento curricular universitario para la formación integral de docentes.

B. Para cualificar nuestra educación en general y la formación de docentes, debería: 1) Establecerse un Bachillerato en Educación modelo en los centros regionales adscritos a la UPNFM, ingresantes posteriores a las licenciaturas. 2) Selección por oposición cognitiva, actitudinal y vocacional de los aspirantes al indicado bachillerato, becando suficientemente a los que provengan de localidades distantes. 3) Revisión de la formación universitaria de docentes, con equilibrio de lo ético, científico, técnico-didáctico y actitudinal.

Exsecretario de Educación

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