Managua (EFE). El sacerdote nicaragüense Alcides Peña fue detenido por la Policía Nacional acusado de alterar el orden público 31 veces, trasladado a celdas preventivas y posteriormente liberado, denunció el domingo el secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Juan Abelardo Mata.
Mata, un fuerte crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega y obispo de la diócesis norteña de Estelí, indicó que el sacerdote, que pertenece a la Congregación de Hermanos Josefinos, fue detenido el sábado en el municipio de Ocotal, departamento de Nueva Segovia, fronterizo con Honduras, y liberado el domingo.
“El delito del que lo acusan es alterar el orden público durante 31 veces”, explicó el religioso.
En una declaración, el obispo denunció “las arbitrariedades de esta detención”.
“En estos hechos se han violentado, una vez más, los derechos humanos elementales y el debido proceso”, alertó el religioso, quien pidió a la Policía Nacional “responsabilizarse por estos abusos de autoridad”.
Mata consideró que la institución del orden ha renunciado a su misión de proteger a los nicaragüenses desde que estalló la crisis sociopolítica el 18 de abril de 2018.
Asimismo, el jerarca católico pidió respeto a la labor pastoral del sacerdote Peña.
“Es inaceptable cualquier acto de hostigamiento y persecución en contra de quien ha consagrado su vida al servicio de Jesucristo, razón por la cual no se pueden silenciar los abusos y violaciones a los derechos fundamentales de nuestro pueblo, en este caso a la libertad religiosa”, señaló.
Instó, además, a cada agente policial a pensar en su propio bienestar, el de sus familias, y el de la mayoría de los nicaragüenses, en medio de la crisis que vive Nicaragua.
“No se dejen manipular por quienes no desean su bien, sino que solo los emplean como títeres para perpetuarse en el poder. No renuncien a su fe. Caminen siempre de la mano del Señor para buscar su salvación”, abogó.
Carlos Fonseca Terán, hijo de un fundador del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha señalado a “algunos de los obispos” como “los mayores azuzadores” de las protestas contra el Gobierno que comenzaron en abril de 2018 y que han dejado cientos de muertos.
Los obispos de la Conferencia Episcopal participaron como mediadores y testigos de un fallido diálogo que se instaló a mediados de mayo de 2018 y que fue suspendido dos meses tras las agresiones sufridas por religiosos en la ciudad de Jinotepe (sur).
El presidente Ortega calificó de “golpistas” a los obispos de la Conferencia Episcopal y consideró que son cómplices de las fuerzas internas y de los grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo.
