Cumpliendo una promesa de campaña y con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), el presidente Nayib Bukele dio pasos firmes para instalar una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) que ya está instalada y se encargará de combatir la alarmante corrupción que abate a este pequeño país centroamericano. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil advierten que no tiene las herramientas suficientes para cumplir su objetivo.
Bukele dijo en un mensaje a la nación que “la CICIES nos servirá para prevenir, investigar y castigar la corrupción porque el saqueo estatal debe parar y los que lo hicieron deben pagar”.
¿POR QUE SE DECIDIÓ CREAR LA COMISIÓN?
En noviembre de 2015 varias organizaciones civiles de derecha pidieron al entonces presidente Salvador Sánchez Cerén la formación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, pero el reclamo fue ignorado.
Bukele ha estimado que cada año se pierden por corrupción unos 1.500 millones de dólares a los que se suma el costo de la evasión fiscal, que de acuerdo con organismos internacionales es de otros 1.500 millones de dólares anuales.
Tony Saca (2004-2009) es el primer expresidente salvadoreño condenado por delitos de corrupción por haberse apropiado de 300 millones de dólares del erario que fueron a parar a sus empresas o a cuentas de sus amigos y familiares.
El exmandatario Mauricio Funes (2009-2014) está acusado de liderar una estructura que desvió 351 millones de dólares para favorecer a familiares y amigos.
¿CÓMO FUNCIONARÁ LA COMISIÓN Y DE QUIÉN DEPENDERÁ?
El Secretario General de la OEA definirá su estructura. Estará conformada por un comisionado, funcionarios internacionales y nacionales de la OEA y contratistas independientes. Los demás miembros serán profesionales y técnicos con experiencia en materia de lucha contra la corrupción, derecho penal, derechos humanos y sistemas electorales, entre otras disciplinas.
El Comisionado será designado por el Secretario General de la OEA, pero deberá contar con el visto bueno del gobierno a través del presidente.
Entre sus competencias y obligaciones están suscribir acuerdos de cooperación con la Fiscalía General de la Republica, la Corte de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia; acompañar y ayudar a la Fiscalía en sus investigaciones cuando lo requiera; trasladar a la Fiscalía toda la información o documentación relacionada con actos de corrupción y notificar a las autoridades las presuntas faltas administrativas cometidas por funcionarios, empleados y autoridades públicas. La CICIES trabajará con el Poder Ejecutivo y, si se logran los convenios con la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Cuentas, trabajará en cooperación con ellos brindando asistencia técnica.
Los gastos de la CICIES se financiarán principalmente con contribuciones voluntarias de la comunidad internacional.
¿QUÉ CASOS QUIERE EL GOBIERNO QUE INVESTIGUE LA CICIES?
Bukele mencionó la corrupción en la construcción de la presa Hidroeléctrica El Chaparral –que inició en el gobierno de Tony Saca y aún no concluye–, el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) –construido durante la gestión de Mauricio Funes– y el uso de la llamada partido secreta en Casa Presidencial en el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
Por su parte, el vicepresidente Félix Ulloa, encargado de los trámites para instalar la comisión, dijo que la primera línea “será contra los corruptos, los que malversan fondos del Estado y que incluso los han llevado a paraísos fiscales” También mencionó a “corruptores, los que han pagado favores para lograr beneficios en la licitación de obras, de licitaciones, de concesiones por parte del Estado”, pero no dio más detalles.
¿LA CICIES NECESITA LA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA?
El presidente sostiene que no porque se enfocará en la investigación de casos de corrupción en las instituciones del gobierno, aunque también abarcaría a particulares.
Son embargo, el director ejecutivo de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, advirtió que si el convenio no cuenta con la aprobación de la Asamblea y debido al ordenamiento jurídico salvadoreño, la única función de la comisión será la de brindar asistencia técnica porque no tendrá competencia para judicializar las denuncias de casos de corrupción, ya que esa es una atribución de la Fiscalía General.
“Lastimosamente, nuestra Constitución no permite establecer un mecanismo similar a la CICIG de Guatemala. Es necesario hacer unas reformas para poder llegar a ello”, afirmó Jessica Estrada, del área de Transparencia y Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo.
¿LA CICIES PODRÁ INVESTIGAR Y PROCESAR CASOS?
La constitución salvadoreña establece que le corresponde a la Fiscalía General dirigir la investigación de un delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil.
¿PODRÁ LA CICIES SER QUERELLANTE?
El acuerdo incluye la posibilidad de que la CICIES presente ante la Asamblea Legislativa propuestas de reformas para ser querellante en los juicios y acompañar a la Fiscalía en los procesos penales. Esto se asemeja a lo que se hizo en Guatemala, pero para ello se necesitó el aval legislativo y de la Corte de Constitucionalidad.
Escobar señaló que el actual ordenamiento jurídico de El Salvador “no permite que la CICIES sea un querellante”.
¿CUÁL ES EL CONTEXTO EN EL QUE SURGE LA CICIES?
El Salvador es el tercer país de la región centroamericana en instalar un organismo internacional para combatir la corrupción. Guatemala fue el pionero con la aprobación parlamentaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que comenzó a operar en 2007 a pedido del entonces presidente Óscar Berger (2004-2008) con la idea de combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que se formaron tras la guerra civil de 1960 a 1996.
En abril de 2016 la OEA, a solicitud del gobierno de Honduras, dio inicio a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), pero su trabajo no ha tenido tanto impacto como el de la CICIG en Guatemala. (AP)
