San Salvador, 9 dic (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador y la Organización de los Estados Americanos (OEA) firmaron este lunes un convenio para colaborar en el combate a la corrupción mediante una comisión internacional contra la impunidad.
El convenio, con el que se busca fortalecer las capacidades técnicas del Ministerio Público salvadoreño, fue firmado por el fiscal general, Raúl Melara, y el portavoz de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), Ronalth Ochaeta.
«Hemos logrado un acuerdo histórico entre la OEA y esta Fiscalía. La voz unánime que ha levantado el país ha sido fuerte y clara, todos estamos cansados de ver el beneficio descarado de unos cuantos al utilizar recursos del Estado para gozar de lujos», manifestó Melara en una rueda de prensa.
Destacó que «la Cicies se convierte a partir de este momento en una aliado en la lucha que hemos emprendido contra la corrupción» y señaló que el apoyo del ente será «vital» para la Fiscalía.
«Estamos fortaleciendo la asistencia técnica que la OEA brindará para que sigamos persiguiendo, detectando e investigando el delito, y reforzará nuestra acción en la labor penal y erradicación de la corrupción e impunidad», acotó.
Ochaeta, delegado como portavoz de la Cicies por la OEA y exembajador de esta organización en El Salvador, añadió que la colaboración con el Ministerio Público será de asesorías técnicas en los procesos de investigación y al llevar los casos ante los tribunales.
«Nuestros profesionales tienen la capacidad técnica y experiencia para venir a asistir a la Fiscalía y a otras instituciones del Estado en la lucha contra la corrupción», aseguró Ochaeta.
De acuerdo con el fiscal general, el siguiente paso es trabajar en un «protocolo único de acción» para determinar los casos que compartirán con la Cicies y la forma de operar.
Según diversos sectores, la Cicies únicamente tendrá la facultad de realizar investigaciones administrativas dentro del Ejecutivo, dado que la Asamblea Legislativa del país centroamericano no le ha otorgado facultades de persecución del delito.
Según un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), El Salvador perdió al menos 550,9 millones de dólares, equivalentes al 2,1 % de su producto interno bruto (PIB), entre 1989 y 2014 por la corrupción.
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