Millonarias demandas y proyectos de Coalianza comprometen 15% del PIB

Próximamente se conocerá el monto de la indemnización que pagará el Estado a los concesionarios del proyecto de Alianzas Público-Privadas (APP) del corredor turístico, que apelaron la cláusula “Terminación Anticipada”, al enterarse que la obra dejó de ser rentable.

La inversión referencial fue de 171 millones de dólares con financiamiento de dos bancos; uno hondureño y otro estadounidense, preliminarmente se cree que la indemnización andaría por 27 millones de dólares o más 670 millones de lempiras.

Este es uno de los proyectos que estructuró Coalianza en sus años de auge, pero que hoy día está en proceso de cierre, después de entregar cerca de 1,477 millones de dólares en concesiones públicas empresas y bancos nacionales y extranjeras.

Según expertos, los proyectos con aval estatal, los propietarios pueden pedir la ejecución en un momento en que ya dejen de obtener las utilidades suficientes, aquí el Estado entra con dinero de los contribuyentes para garantizar a los inversionistas reciban las ganancias acordadas.

A estos compromisos se les llaman “Contingencias Fiscales” que preocupan a las autoridades económicas y a los agentes multilaterales de crédito, desde el 2015 el Fondo Monetario Internacional (FMI) empezó a alertar a las autoridades hondureñas.

No obstante, el grueso de las Contingencias Fiscales lo constituyen las demandas judiciales que pesan sobre algunas instituciones como la estatal eléctrica, Hondutel, el Sanaa, contratos de energías renovables, entre otras.

DEMANDAS INTERNAS Y EXTERNAS

Así lo establece el “Informe Anual de Pasivos Contingentes 2019”, al que accedió este rotativo. Fue elaborado por la Unidad de Contingencias Fiscales de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

El documento explica que las Contingencias Fiscales ya comprometen el 15.5 por ciento del PIB anual, casi 100 mil millones de lempiras, una cifra similar a las recaudaciones tributarias de este año.

Según el informe, los principales riesgos fiscales se derivan de leyes y contratos; a nivel interno están las garantías emitidas por crédito público; y externas, por demandas jurídicas en contra del Estado.

Expone que, la principal fuente de riesgo fiscal proviene de demandas, seguida de las contingencias asumidas por “Avales y Garantías de Crédito Público”. Las garantías financieras otorgadas por del Estado, así como los compromisos contingentes asumidos en los contratos de APP, representan contingencias explícitas en la medida que su materialización generaría compromisos presupuestarios futuros para honrar dichas garantías o incrementos en los niveles de deuda.

SON SIETE CONCESIONES DE ALTO RIESGO

En los proyectos APP, cita que el pago por terminación anticipada del Corredor Turístico, se puede decir que es un pasivo. Sin embargo, se está reflejando como un contingente ya que no se tiene el valor exacto de pago dado que se está desarrollando una auditoria para determinar el Valor del Derecho del operador.

De los 11 proyectos en ejecución, siete de ellos presentan riesgo de demanda, sin embargo, solamente en dos el pago recae en el gobierno y son: el Proyecto Corredor Turístico y el Proyecto Corredor Logístico.

Estas concesiones cuentan con una “Garantía de Ingresos Mínimos”, que consiste en que si los cobros anuales de la concesionaria son inferiores al Ingreso Mínimo Anual Garantizado (IMAG), el Estado deberá cubrir la diferencia.

En el caso del Proyecto Siglo 21, fue diseñado para transferirle el riesgo a los usuarios, considerados como contribuyentes, de no alcanzarse el ingreso establecido contractualmente en un año especifico.

El contrato prevé un ajuste en las tarifas que compense los ingresos no percibidos. En el caso del proyecto Corredor Turístico, dice que el Estado ha reconocido el pago del IMAG durante los tres primeros años de explotación comercial, situación que es producto de la imposibilidad de cobrar peaje, en vista de los problemas generados en las casetas.

Tal situación hace inviable la continuación del proyecto, en ese sentido, se recalca en este documento, que durante el primer semestre de 2019 se firmó la terminación de Contrato.

En el caso del Corredor Logístico o los tramos carreteros de la capital a Cortés, incluyendo el ramal que une a Goascorán, Valle y Quebrachales, Comayagua, se cuenta con información del tráfico vehicular desde el año 2016, lo que permite aplicar la metodología desarrollada para este tipo de riesgo.

FACTOR DEVALUACIÓN

En los Contrato de APP se pueden presentar diferentes riesgos financieros, añade, entre estos, el tipo de cambio (TC), inflación, tasa de interés, los que pueden generar sobre costos en el monto de la inversión.

Sin embargo, el Estado puede asumir el pago de contraprestaciones en una moneda distinta a la de curso legal, por ejemplo, pagos en dólares, de esta manera, el gobierno asume el riesgo por devaluación.

En el caso de los proyectos Corredor Lenca, menciona “un reajuste en el pago anual que el CONTRATANTE deberá pagar al CONTRATISTA en caso que exista una devaluación mayor al 5% del lempira en base a las estadísticas del Banco Central de Honduras”.

Mientras en los proyectos Centro Cívico Gubernamental y Reducción de Pérdidas en el Componente de Distribución en la ENEE, consideran pagos de la Contraprestación por los servicios prestados en dólares.

Bajo dicha premisa, el riesgo por un incremento acelerado o por arriba de las proyecciones al momento de la estructuración del proyecto recae en el Gobierno. En ambos casos, las estimaciones realizadas por los estructurados, era que la moneda se depreciaría en 3.0 por ciento anual.

En el Caso del Centro Cívico Gubernamental se presenta una cláusula que establece un pago de intereses moratorios al día siguiente de vencido el plazo de pago. En ese sentido, el stock de pasivos Contingentes es de casi dos millones de dólares, se creó un Fondo de Reserva por 4.86 millones de dólares para atender posibles atrasos en el pago al concesionario; un banco comercial con sede en Miami y una constructora mexicana.

$46 MILLONES MÁS EN PALMEROLA

En el proyecto de Recuperación de Pérdidas en la ENEE, de acuerdo a la Cláusula Trigésima Primera, establece que se devengarán intereses moratorios al día calendario siguiente a la fecha contractual de pago, ya se han cuantificado intereses que podría reclamar el operador por el diferencial entre el pago contractual y el pago realizado.

El informe resume que 100 por ciento de los proyectos APP en ejecución presentan riesgos constructivos, en algunos casos este fue trasladado parcialmente al operador privado o en su totalidad al gobierno.

De los 11 proyectos adjudicados y con contrato vigente, cuatro de ellos presentan pasivos contingentes para el Estado. En el caso del Corredor Logístico, existe una posible obra adicional en el sector del Lago de Yojoa, a fin de ampliar la carretera a 4 carriles en el sector, preliminarmente se tiene costo aproximado de 20 millones de dólares, pero se requerirán 5.5 millones más que deberán ser aportados por el Estado.

En el Proyecto Siglo 21, el gobierno no debía asumir riesgos, pero al final tendrá que poner cerca de un millón de dólares y en la concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola, en mayo el Congreso Nacional aprobó una Adenda que compromete al Estado con 46 millones de dólares.

Los 46 millones los pone el Estado asumiendo los riesgos constructivos de las obras que le corresponde realizar y entregar al Inversionista Operador. El informe de la Sefin no incluye la ampliación del plazo de construcción de la obra, ni la anexión del aeropuerto Internacional de Toncontín a los dueños de Palmerola que hizo el Congreso la semana anterior.

Las ampliaciones o aumento de fondos para proyectos APP, es una modalidad considerada como corrupto, por organizaciones como el Fosdeh y la iniciativa CosT.

Según este documento, el 10 por ciento es por demandas y 5.5 por obras APP, ambos riesgos representan un 15.5 por ciento del PIB del país, que empezaron a materializarse cuando en el 2012 Finanzas desembolsó 13.7 millones de dólares en pagos por sentencias firmes, para el 2018 esta cifra pasó a 26.3 millones.

Expone también que en los contratos por suministro de energías renovables a la estatal eléctrica, el contingente ronda 269.94 millones de dólares, principalmente por la posición financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. En tanto que por endeudamiento municipal el Estado está comprometido con 58.23 millones de dólares. (JB).

VULNERABILIDAD ALTA

El 100% de los proyectos APP en ejecución presentan riesgos que recaen parcialmente en los concesionarios y en otros casos se trasladaron en su totalidad al Gobierno. De los once proyectos adjudicados y con contrato vigente, cuatro de ellos presentan pasivos contingentes para el Estado.

En el Corredor Logístico se necesita 5,5 millones de dólares del Estado para ampliar la vía a cuatro carriles a inmediaciones del Lago de Yojoa. En la obra APP Siglo 21, el Gobierno no debía asumir riesgos, pero en últimamente aparecieron sobre costos por pago de derecho de vía o expropiaciones, el Operador asume 157.3 millones de lempiras y 97.7 millones el Estado para realizar 13 obras adicionales.

Palmerola costará 211 millones de dólares, reveló la semana pasada el concedente o la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), con la reasignación que hizo el Congreso en mayo de este año, el Estado pasó a ser el mayor inversionista con 122 millones de dólares.

Mientras la concesionaria de capital de bancos comerciales y socios hondureños invertirá alrededor de 89 millones de dólares, pero estará usufructuando este proyecto por 35 años con opción a ser renovada la licencia.

EXPUESTO A JUICIOS DE NACIONALES Y EXTRANJEROS

Este reporte “hace un resumen del stock de los pasivos contingentes que surgen de los riesgos estudiados y publicados a junio de 2019 y es de 15.5 por ciento del PIB. Se refiere a los contratos de Alianza Público Privado, analizando especialmente los riesgos fiscales explícitos de los 11 proyectos adjudicados a la fecha y en operación”.

Permite “conocer los peligros por demandas y litigios contra el Estado de Honduras, logrando identificarse por nivel de gobierno, por jurisdicción y corte nacional o internacional”.

En uno de los capítulos hace “referencia a las garantías y avales otorgados por el Estado a instituciones públicas y privadas que lo han requerido para algún fin específico”.

Bajo esta mecánica, se abordan los “riesgos implícitos para el Gobierno de tres empresas públicas: HONDUTEL, ENP y SANAA. El informe trata de predecir la intervención del gobierno ante un posible rescate de estas instituciones, en situaciones de estrés financiero”.

En el caso de la ENEE, se estudiará en una edición especial,y a que la estatal eléctrica se encuentra en un proceso de reestructuración. En un apartado, se analizan los riesgos implícitos que genera el endeudamiento municipal a la Administración Central (AC).

CÓMOREDUCIR RIESGOS

Las garantías emitidas por el Estado juegan un papel importante en las operaciones de crédito, pues contribuyen a reducir los costos de transacción. Sin embargo, el abuso del otorgamiento de garantías podría generar a futuro problemas fiscales.

-Los dineros de los contribuyentes están en riesgo y se recomienda elaborar un reglamento para la emisión de garantías del Estado, donde se establezca un formato, montos avalados o garantizados y la forma en que la garantía se hace efectiva.

-La promoción de esquemas de garantía debe ir acompañada de políticas públicas articuladas para la promoción de determinado sector económico.

-Establecer un techo máximo de garantías otorgadas por el Estado.

-Es indispensable la exigencia de contragarantías a las instituciones avaladas, a fin de reducir los niveles de riesgo crediticio a los que se enfrenta el gobierno después de la emisión de garantías o avales.