ANTES que el diablo lo sepa, desvirtuamos que hayamos sido consultados –aparte que nadie tenía obligación alguna de hacerlo– sobre ese informe de una comisión legislativa a la que le encomendaron la tarea de investigar la MACCIH. Conociendo cómo es este ambiente de intrigas y sospechas, nada se pierde con salir al paso de cualquier conjetura infundada, sea que provenga de la ignorancia o de fuente mal intencionada.
Despejado lo anterior, al toro por los cuernos. No es que el Congreso Nacional carezca de facultades para terciar en temas que atañen a la administración pública o de escudriñar en asuntos de interés nacional. Si se revisan las atribuciones del primer poder del Estado, encontrarán varias que lo alientan más allá de la mera curiosidad.
Puede nombrar comisiones especiales de fiscalización –y a su requerimiento contar con la presencia obligatoria de los requeridos bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial– pronunciarse sobre la conducta del Poder Ejecutivo y de otras instituciones nacionales.
Si bien el Poder Ejecutivo, sobre materias de su exclusiva competencia, puede negociar, celebrar o ratificar convenios internacionales con otros estados extranjeros u organizaciones internacionales, o adherirse a ellos sin el requisito previo de la aprobación del Congreso, en lo que respecta a los tratados internacionales, requieren la aprobación del Legislativo. Igual pronunciamiento del Legislativo es necesario cuando el convenio modifica leyes o cuando su período de vigencia contractual excede el término del período presidencial. Así que nadie duda sobre la competencia del Congreso Nacional de revisar actuaciones que han sido elevadas a su conocimiento. Lo extraño –en este caso específico– es lo elaborado y el lujo de detalle del informe presentado por una comisión de diputados integrada apenas unos días atrás. ¿A qué horas –se preguntarán los incrédulos– contaron con el tiempo suficiente para emprender todas esas minuciosas diligencias y meticulosas pesquisas que se desprenden de la narración de los hechos, de las indagaciones, de las entrevistas, contemplados en el informe? Sin duda que el informe contiene hallazgos que ameritan atención. Que indudablemente requerirían de un análisis profundo sobre si algunas, muchas o ninguna de las actuaciones de la MACCIH ha excedido el marco de lo prescrito en el convenio como en las leyes nacionales. En el informe hay graves señalamientos, de comprobarse los abusos citados. Por ejemplo, lo que se refiere a extranjeros entrometiéndose indebidamente en pesquisas y funciones solo atinentes a los fiscales nacionales o presionando jueces a emitir juicios jurídicos a conveniencia de partes. Si hubiesen cometido violaciones a derechos de los imputados, como el de presunción de inocencia y demás, deben existir mecanismos para sancionar y corregir la falta.
Todo lo que ameritaría, en todo caso, un replanteamiento de las funciones o conductas de la Comisión de la OEA, como de su relación con el Ministerio Público y demás operadores de justicia. Eso, renegociar un marco aceptable, figura dentro de la competencia del Poder Ejecutivo. Ahora bien, ¿hasta dónde sería sensato, conveniente o inconveniente para el país no renovar el convenio como recomienda el informe? (Aparte de ello que la resolución del pleno no es vinculante a la actuación que sobre el particular decida tomar el Ejecutivo). Ello habría que sopesarlo a la luz de la validación que el mismo gobierno hondureño ha buscado de la comunidad internacional –y de la misma opinión pública nacional– en asuntos delicados como la lucha contra la corrupción y el respeto de los derechos humanos. El informe, tampoco va a ser ponderado por propios y extraños en el vacío. La opinión pública –nacional e internacional– lo percibirá ligado a otros cuestionados decretos que recién acaban de aprobar los diputados. Dos de los últimos, sobre los que la Fiscalía recurrió en recurso de inconstitucionalidad, arguyendo que le restan funciones al Ministerio Público. A propósito de una consulta que recién nos formularon sobre ¿si había intención de “quitarle dientes a la MACCIH”? Ello cae en el mismo error que se comete al plantear esas inquietudes. Lo que preocuparía en todo caso –al soberano pueblo hondureño– es que le quiten dientes al Ministerio Público, a la Fiscalía General del Estado de Honduras. Dicho lo anterior –aquí que hemos insistido en fortalecer la institucionalidad nacional– solo restaría definir qué acompañamiento se precisa de la MACCIH –si se tratara de salvaguardar algún grado de confianza internacional a estos temas sensibles que obligaron al gobierno a solicitar su presencia– y de los parámetros de convivencia con el Ministerio Público. Ello es materia de arreglo –si lo que buscan no sea otra cosa– entre el gobierno de Honduras y la Secretaría General de la OEA.
