La Misión de Acompañamiento para el Combate a la Corrupción en Honduras fue creada para cooperar en el combate al flagelo de la corrupción en el país.
Un órgano de esta naturaleza, conformado por extranjeros, era el ente ideal para ejecutar la misión que se les encomendaba y que la población entera esperaba, particularmente porque sus integrantes, sin conocer rostros ni nombres locales, sin la influencia de fuerzas criollas, se perfilaba como la emblemática representación de la justicia universal, ciega e imparcial, llevando en sus manos nada más que la balanza de la justicia; asegurándonos simple y sencillamente la persecución implacable de la corrupción viniere de donde viniese y, sobre todo, la impunidad, que ha cobrado carta de ciudadanía entre nosotros.
Dos y pico años después del inicio de sus acciones interpreté (y así lo platiqué con algunos amigos) como un error de estrategia de la misión el hecho de dedicarse a enjuiciar por corrupción, casi exclusivamente, a determinado grupo de diputados; políticos que ya sea bien o mal tienen el control del Primer Poder del Estado y que, al verse perseguidos de manera tan sistemática, tratarían de defenderse como fiera acorralada, del organismo al que ya empezaban a calificar como enemigo.
Pienso que si la MACCIH tan solo hubiera abierto investigaciones y entablado juicios a uno que otro de tantos exfuncionarios, mil veces señalados por la comisión de actos de corrupción por todos conocidos, pero simpatizantes de la izquierda, los diputados que hoy detentan el poder no tendrían argumento como para sentirse perseguidos y, por ello, buscar la revisión del convenio y, mucho menos, manifestar oposición a que la misión continúe en Honduras.
¿Por qué ha actuado así la MACCIH? Quién sabe.
Creo que si algo ha andado mal, no es por culpa del organismo, pero sí de las personas a quienes se confió el cumplimiento del convenio; algo que bien puede ser corregido.
La justicia deber ciega e imparcial, o sea, pareja.
Carlos E. Ayes
Tegucigalpa, M.D.C.
