Al menos 247,090 personas huyeron de la violencia en Honduras, al ser víctimas de desplazamiento forzado, revela el estudio “Caracterización del desplazamiento interno por violencia en Honduras 2004-2018”, presentado por la la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El informe, también acuerpado por la Secretaría de Derechos Humanos, analizó los motivos que obligan a los hondureños a abandonar sus vecindarios y sus hogares, al dejar parte de su familia en sus casas o inclusive abandorar por completo sus viviendas.
Según el documento, el 77 por ciento de los hogares admitió que se vio obligado a abandonar su hogar por la violencia e inseguridad y un 47 por ciento responsabilizó a las pandillas.
El mayor de los motivos reflejado en el documento es el crimen común y organizado que ha dejado una ola de violencia interminable en el país, siendo las pandillas o maras las causantes de que los ciudadanos emigren interna y externamente, por lo que los expertos de Acnur urgieron medidas y leyes que atiendan este fenómeno.
DESINTEGRACIÓN FAMILIAR
El informe fue presentado en un evento en el que se destacaron los casos que han conocido en Acnur, la realidad en cifras, siendo aproximadamente 58,550 los hogares “rotos” por la violencia en el país, en los cuáles al menos uno de sus integrantes se desplazó a causa de la violencia entre 2004 y 2018; en total, esto representa 247,090 personas.
Asimismo, del total de hondureños que han tenido que abandonar su hogar, 191,000 personas, es decir el 77 por ciento, fueron directamente desplazadas por la violencia u otras violaciones de derechos humanos y más de 56,000 nacieron o se incorporaron a los hogares afectados después del desplazamiento.
Más de la mitad de estos desplazamientos se produjeron en los últimos cinco años, aunque puede haber un sesgo de memoria en la respuesta, lo que impide que se pueda concluir un agravamiento del problema, según el informe.
Los expertos en migraciones forzadas consultaron a las víctimas y el 55 por ciento admitieron que se vieron obligados a abandonar su hogar por amenazas de muerte, el 40 por ciento por asesinatos de familiares; 13 por ciento por extorsión y el 3 por ciento por el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes por bandas del crimen organizado.
“Nos preocupa que para la sociedad no es visible lo que está ocurriendo, es visible la migración, pero no el desplazamiento forzado ni el impacto ni la obligación que tiene la sociedad y el Estado de proteger a estas personas…”.
“…se sigue conociendo de casos de violencia, pero poco se analiza qué impacto tiene la misma sobre las familias, las personas y las comunidades”, expresó el representante de Acnur en Honduras, Andrés Celis.
CN IGNORÓ PROYECTO LEY
El experto refirió que hace varios meses fue presentado al Congreso Nacional (CN) el proyecto de ley para prevenir estas cifras presentadas y el tratamiento a las víctimas, entre otros aportes oportunos para el país. El documento fue entregado en marzo, por la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia en Honduras, pero los diputados le dieron la importancia de discusión.
Por consiguiente, el informe concluye que “la ausencia de una respuesta preventiva y de protección apropiada de parte de las instituciones impide brindar una respuesta oportuna que contrarreste las causas del desplazamiento; la respuesta del Estado frente al fenómeno es parcial y no ha alcanzado los niveles de coordinación requeridos”.
La ministra defensora de derechos humanos, Karla Cueva, coinicidió con el representante de Acnur, sobre la urgencia de aprobar el proyecto de ley y la prevención de la violencia contra la mujer y otros tipos de criminalidad, lo que sigue siendo un reto. (SA)
