San Salvador, 16 dic (EFE).- El portavoz de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) delegado por la Organización de los Estados Americanos (OEA),Ronalth Ochaeta, señaló que el ente únicamente realizará “auditorías forenses” y no investigaciones penales.
“Nosotros no vamos a investigar casos, nosotros vamos a hacer auditorías forenses en el Ejecutivo”, señaló durante una entrevista televisiva.
Apuntó que si en esas auditorías encuentran “elementos o indicios” sobre delitos, “vamos a presentar el aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) a efecto que ellos hagan la investigación”.
El Gobierno de Nayib Bukele y la OEA firmaron a inicios de septiembre pasado un acuerdo para lanzar e implementar la Cicies.
Desde su lanzamiento, diversos sectores aseguraron que la Cicies únicamente tendrá la facultad de realizar investigaciones administrativas dentro del Ejecutivo, dado que la Asamblea Legislativa del país centroamericano no le ha otorgado facultades de persecución del delito.
Ochaeta, quien no quiso revelar los casos que el ente evalúa actualmente, apuntó que se encuentran elaborando los protocolos de acción que implementará junto al órgano Ejecutivo y el Ministerio Público.
El fiscal general, Raúl Melara, y la OEA firmaron el pasado 9 de diciembre un convenio de asistencia técnica.
“El principal punto de partida para poder trabajar con la Fiscalía es que el fiscal nos invite”, señaló Ochaeta, quien añadió que están contratando “peritos forenses e investigadores internacionales”.
El delegado de la OEA aseguró que las “auditorías forenses” también se realizarán a la actual administración y no solo a gobiernos anteriores y que “ese es el espíritu del acuerdo”.
Desterrar la corrupción de la administración pública se convirtió en un punto de honor en la agenda de Bukele durante la campaña electoral, en la que criticó constantemente a los partidos de sus adversarios por su supuesta relación con casos de malversación de fondos públicos.
Una de las principales promesas de Bukele, que tomó el poder el 1 de junio pasado, fue la creación de la referida comisión, que se esperaba fuese una especie de gemela de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), entidad que sí se dedicó a realizar investigaciones penales.
Según un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), El Salvador perdió al menos 550,9 millones de dólares, equivalentes al 2,1 % de su producto interno bruto (PIB), entre 1989 y 2014 por la corrupción.
