La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH) lamentó este lunes el fallecimiento de cinco presos en una cárcel de máxima seguridad y pidió a las autoridades realizar una investigación “exhaustiva” para judicializar a los responsables.
El deber de las autoridades de Honduras de proteger los derechos humanos de los presos incluye “la obligación de tomar las medidas para proteger la vida y la integridad personal de las personas detenidas de los ataques o atentados que puedan provenir de los propios agentes del Estado, otros reclusos o terceros”, indicó la Acnudh.
Expresó además su “profunda preocupación” por el motín registrado el sábado en la cárcel de La Tolva, en el departamento oriental de El Paraíso, que dejó cinco pandilleros muertos.
Los pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) supuestamente fueron asesinados con arma de fuego por un preso conocido con el alias “El Sanguinario”, quien esta custodia de las autoridades de la cárcel.
En la cárcel de Morocelí, los reos están aislados y no se les permite ningún tipo de visitas, excepto de sus defensas cuando el caso lo amerite, según las autoridades hondureñas La Acnudh instó al Estado de Honduras a realizar “una investigación exhaustiva e independiente”, con el fin de lograr “la sanción de los responsables individuales, las responsabilidades estatales y la reparación efectiva de las víctimas y sus familiares”.
Manifestó además “su condolencia” a las familias de los pandilleros asesinados en la cárcel de La Tolva, en Morocelí, en la que los reos están aislados en módulos.
El Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Honduras recomendó hoy la inmediata destitución de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario tras la muerte de los cinco presos.
“La recomendación es la destitución, un requerimiento para estas autoridades penitenciaria”, dijo una de las comisionadas del Conaprev, Glenda Ayala, en una rueda de prensa.
El Conaprev pide la destitución de la directora y subdirector del Instituto Penitenciaria, Rosa Gudiel y Germán McNeil, respectivamente.
Ayala destacó la importancia de “investigar todas las acciones u omisiones ocurridas en estos centros de privación de libertad y no solo deducir responsabilidades a los que ejecutaron el hecho materialmente, sino que si hubo colaboración de las autoridades también se deben deducir las responsabilidades”.
El sistema penitenciario de Honduras está compuesto por unas treinta cárceles y alberga a unos 22.000 presos, cuando su capacidad máxima es de 8.000, según cifras oficiales. EFE
