Por Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario
Tal y como ha sido una constante desde hace ya varios años, una vez más el Congreso Nacional dio muestras de intolerancia e irrespeto a los intereses ciudadanos al oponerse públicamente a la continuidad por un nuevo periodo de la Misión de Apoyo para el Combate a la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Utilizando la aplanadora parlamentaria que le permite la mayoría de diputados nacionalistas en confabulación con media bancada del Partido Liberal, el Legislativo no solo tuvo el atrevimiento de nombrar una comisión multipartidaria para evaluar los resultados de la misión y en tiempo record recomendar al Ejecutivo la no ratificación del convenio, sino que al saberse falto de respaldo popular ante sus abusivas ejecutorias, ahora amenaza con derogar el decreto de creación de la MACCIH.
A esto se suma la contradicción del titular del Parlamento hondureño al afirmar que ese poder del Estado tiene la facultad para investigar lo que quieran, luego de que solo unos días antes dijera que se trataba de un “matrimonio” entre el Ejecutivo y la Organización de Estados Americanos (OEA), y que si querían seguir casados, él mismo se encargaría de santificarlos.
No es de sorprenderse, ya son conocidas por la sociedad nacional e internacional las ejecutorias de un Congreso cuestionado, improductivo, autoritario, políticamente débil y falto de representatividad, por lo que trataremos de enfocarnos en responder a los “honorables” diputados y a una minoría de funcionarios públicos, judiciales, dirigentes de sociedad civil e incluso a religiosos, algunas de las razones por las cuales el organismo anticorrupción dependiente de la OEA, debe seguir en el país.
Primero: el convenio con la MACCIH debe ser ratificado para hacerle frente a una clase política acostumbrada a irrespetar la ley, a blindarse y dictar las pautas del rumbo que debe seguir la justicia a su conveniencia haciendo caer al país en el autoritarismo gubernamental.
Segundo: dar continuidad a la MACCIH es seguir en el camino correcto para garantizar la independencia judicial y erradicar el flagelo de la corrupción, esta es la única vía para limitar el camino de quienes han visto en la política un medio fácil de enriquecimiento, de acceso al poder y de tráfico de influencias.
Tercero: la permanencia de la misión en el país obliga a la comunidad internacional a pedir respuestas y reformas radicales en la estructura de los órganos involucrados en el sector justicia, entre estos el Poder Judicial, la Policía, entes investigadores y contralores, que se han convertido en verdaderos apéndices del poder político.
Cuarto: en un país acostumbrado a la interpretación antojadiza de la ley no hay expectativas de orden y desarrollo social y económico, la presencia de la MACCIH por tanto, permite que los ojos del mundo estén puestos sobre una clase política pervertida, marcada por la avaricia y los deseos enfermizos de poder que se sobreponen a las necesidades sociales.
Tras un inicio vacilante, la MACCIH fue encontrando la ruta de trabajo que la población espera y esto es lo que genera incomodidad en la clase política, le tienen miedo, y como ya habíamos advertido en una ocasión, su continuidad es por ahora la única opción que tiene el país de erradicar la corrupción y la impunidad, y si ellos van de frente, sin importar a quién molesten o hagan enojar, tendrán con toda seguridad, el respaldo mayoritario de la población, víctima del abuso y el irrespeto a la ley por parte de quienes deberían procurar ser los primeros en cumplirla y respetarla.
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