Por Jaime Martínez Guzmán
Hace algunos meses, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, abogado Rolando Argueta, ante consulta periodística, manifestó que el Poder Judicial estaba bien servido con los aportes de la MACCIH, que debería valorarse el cumplimiento de sus objetivos en otros ámbitos a fin de decidir sobre su continuidad, la que no debiera ser eterna. Eso bastó para que personas que se dicen defender a este organismo; se alborotaran de ansiedad, exigiendo su continuidad incondicional, asumiendo, equivocadamente, que el gobierno se resiste a ello. El Presidente Hernández Alvarado, nunca ha manifestado algo que indique resistencia al respecto. Sí ha declarado que esperará enero para pronunciarse, después que conozca los resultados de la evaluación que ha estado en curso, con representación de su gobierno y de la Secretaría General de la OEA.
Pareciera que la embajada de USA en nuestro país, ha sido impresionada por los ansiosos personajes que han armado la tremolina exigiendo la continuidad incondicional de la MACCIH, sin que se conozcan puntualmente los logros de dicho ente, a la luz de los objetivos planteados en el convenio, los que se dirigen hacia el fortalecimiento institucional y su acompañamiento en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Dicha embajada ha hecho público un comunicado inapropiado, poco diplomático, en el que prácticamente pretende “ordenar” a nuestro gobierno la renovación “inmediata” de la MACCIH, adhiriéndose a las exigencias de organizaciones nacionales, algunas con tinte eminentemente político.
Al respecto, algunos personajes hasta se han molestado porque el gobierno, legítimamente, ha hecho referencia a dicho comunicado, manifestando en nota de la Cancillería que no ha sido necesario el lenguaje empleado, máxime, decimos nosotros, cuando el trato es entre países amigos, con relaciones de coordinación, mas no de subordinación. Hay protocolos diplomáticos más adecuados. Honduras, siendo un país soberano, su gobierno debe ejercitar la facultad de decidir sobre su propia institucionalidad. Así, el Presidente Hernández ha acordado con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, ente del cual depende la MACCIH que, previo a decidir sobre el destino de la misma, debe realizase una evaluación de su desempeño.
Algunos personajes de la oposición al régimen de gobierno, se rompen las vestiduras como impolutos y “del diente al labio” se manifiestan como abanderados de la MACCIH exigiendo la extensión de su convenio. Se percibe su reconocimiento por la impunidad de que, hasta ahora, han gozado. Se curan en salud, quedando bien con su apoyo, como para asegurarse de esa condición en lo futuro. Varias personas han manifestado que esa impunidad gozosa de la oposición política, se debe a que tienen peones incrustados en la UFECIC y que por ello desarrollan su tarea investigativa en forma selectiva y sesgada.
El Congreso Nacional, dentro de sus facultades constitucionales, ha aprobado un informe investigativo sobre la MACCIH en el cual, en base a determinados hallazgos que consigna, finaliza con la recomendación al Ejecutivo (no vinculante) de que no prorrogue su continuidad. Algunas críticas que en el indicado informe aparecen formuladas son:
1.- Divulgación y/o filtración a medios de comunicación de información reservada y confidencial. 2) Afectación a la independencia de los tribunales, cuando públicamente se ataca a los órganos jurisdiccionales que toman decisiones con criterios diferentes a ella. 3) Celebración de conferencias de prensa presentando casos sujetos a investigación, adelantando nombres de personas, incluso sin requerimiento fiscal, sin consideración al debido proceso y la presunción de inocencia. 4) Realización de secuestros de documentos sin orden judicial. 5) Participación impropia de personal extranjero en la ejecución de allanamientos, secuestro de materiales, comisos e incautaciones. 6) Injustificada abstención del ejercicio de acciones penales en determinados casos, existiendo la percepción ciudadana que se obedece a criterios ideológicos-políticos de justicia selectiva.
Particularmente consideramos, que la MACCIH en cuatro años de existencia, ha desarrollado una labor aceptable en apoyo y acompañamiento a la institucionalidad en su lucha contra la corrupción y la impunidad, que es la tarea prevista en el convenio constitutivo. Labor que debiera perfeccionarse, en su continuidad, apartándose de las falencias que, como humanos, sus integrantes hayan cometido. Su labor así, rectificando lo necesario en sus acciones y omisiones, debería continuar, sin otorgarles, como dicen algunos analistas, “un cheque en blanco”.
Tenemos la impresión de que el Presidente Hernández Alvarado, siempre ha pensado que la MACCHI debe, por algún tiempo determinado, continuar su labor, teniendo en cuenta los aportes que surjan de la evaluación OEA/gobierno. Ha sido importante el debate que en estos días se ha venido dando, lo mismo que el informe investigativo producido en el Congreso Nacional. Es preciso encontrar las mejores estrategias en la lucha contra la corrupción e impunidad, la que debe tener garantía de transparencia, objetividad e imparcialidad.
Exsecretario de Educación
