La Comisión Interventora de los centros penales del país, en plenas facultades para accionar y retomar el control y seguridad de los reclusorios, dispondrá de 1,200 efectivos militares y policiales en primera instancia, informaron autoridades de la Secretaría de Seguridad.
El viceministro de Seguridad, Luis Suazo, informó que cuenta con 1,200 miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para alcanzar el objetivo trazado, con el fin de normalizar la situación de emergencia en los centros penitenciarios.
El funcionario apuntó que el decreto de intervención permite a las autoridades interventoras decidir sobre todo el proceso administrativo y operativo con plenas facultades.
Recordó que la estructura del Instituto Nacional Penitenciario (INP) tiene un consejo directivo encabezado por su director, donde cada uno cumple sus funciones específicas y todas esas atribuciones han sido concedidas a la comisión interventora y no haya retrasos e ir avanzando.
BUSCAR CONTROL
“El propósito de la comisión es de inmediato tomar el control en los penales, no hay que olvidar quiénes son las personas que están en los mismos, y entender que muchas de ellas, dentro de sus mismas organizaciones tienen dificultades”, detalló.
“Lo siguiente es establecer las bases para que dentro de seis meses iniciar un nuevo proceso con una institución más fortalecida”, señaló, el abogado Suazo.
Explicó que existe la necesidad de potenciar el recurso humano, para el caso, recién se inauguró la academia en servicios penitenciarios y solo se ha graduado personal en cantidades pequeñas para lo que exige el sistema y este proceso se debe impulsar y producir, para el 2020 unos mil hombres y una cifra similar el 2021 y contar con nuevas capacidades humanas.
Hace unos años, recordó, en el gobierno del expresidente Porfirio Lobo se decidió una primera intervención y se nombró una comisión de transición, fuera del control de la Secretaría de Seguridad y pasó al ámbito de Gobernación, pero esa comisión no cumplió su objetivo, no se depuró al personal solo se elaboró la nueva ley y creó el INP.
Sin embargo, el INP comenzó a trabajar con el mismo personal e iguales procesos y fue hasta que con las intervenciones que ordenó el Presidente Juan Orlando Hernández, la reforma total del sistema y la inversión en nuevas estructuras y tecnologías que son las mejoras que hay ahora en estos centros penales.
COMBATIR CORRUPCIÓN
Se ha avanzado de forma significativa, sin embargo, últimamente se han dado estos casos violentos en algunas cárceles, que ponen de manifiesto que aún existen problemas, porque a pesar de los esfuerzos siempre hay personas que se prestan para trasladar mensajes, dinero, armas y eso desvirtúa la inversión que se ha hecho, añadió el viceministro de Seguridad.
Para el caso, dijo Suazo, “una muestra de los avances se refleja en el costo que deben pagar para introducir un celular que antes andaba por 1,500 lempiras y hace tres meses se detuvo a tres personas a las que les pagaron un millón de lempiras por dos teléfonos y un Reuter satelitales para introducirlos al penal de Ilama y en ese caso era personal penitenciario”.
En tal sentido, los retos se toman en serio y este proceso va a trabajar muy fuerte en preparar al personal que va a trabajar en los penales.
DERECHOS HUMANOS
En cuanto al control de las visitas a los reclusos y el respeto a los derechos humanos, dijo que en este caso no hay una separación entre esos derechos humanos y la acción de intervenir las cárceles de máxima seguridad.
“Hay regulaciones internacionales que el país ha estado cumpliendo, se habló mucho de estas cárceles que servían para violación de derechos humanos y hasta el día de hoy se permiten las visitas abiertas a toda organización con tal fin y no ha habido alguna demanda internacional, por supuesto hay a veces problemas con organizaciones”, sostuvo, Suazo.
Para el Caso, recordó que el Presidente Hernández mostró su malestar de forma abierta por unas resoluciones judiciales emitidas por jueces en El Progreso y San Pedro Sula, en contra de la ley que establecía que estos reclusos no podían estar encerrados, que el horario es de ocho horas de esparcimiento, ocho en actividades formativas y para descansar sin encierro.
El viceministro Suazo, sobre lo anterior dijo que “fue una situación difícil para los encargados de los penales por temor a ser procesados y eso se debe revisar porque a raíz de esa sentencia se dieron problemas, tanto dentro de las cárceles como fuera de estas con amenazas a los responsables y a sus familiares”.
También con las visitas, donde hay una tensión dinámica, de un lado están los derechos de las personas y en otro la seguridad y el tema es buscar donde situarse, se ha ordenado las visitas, antes cualquiera iba a los penales sin control alguno, ahora hay un ordenamiento con buenos resultados, indicó.
EVITAR COLUSIÓN
Suazo señaló que existen abogados que van más allá de su ética profesional y mucha gente que sufre amenazas o son participantes activos de llevar y traer mensajes y órdenes, pero la visita es un derecho establecido.
“Se va a retomar el curso de la acción y ya hay pasos para reconstruir el proceso y asegurarle a la población que la comisión interventora está preparada para llevar adelante el proceso y tomar decisiones en cuanto a las falencias que se han encontrado”, concluyó Suazo.
PARA CONTROL EN CÁRCELES
Policía capacitará a su personal para prisiones
Las autoridades de la Policía Nacional de Honduras capacitarán con la formación requerida elementos de la institución para que colaboren en las tareas de ordenamiento y control en el sistema carcelario del país.
El comisionado José Jair Meza informó que el objetivo primordial para la institución es que haya menos delitos, corrupción y otros actos ilícitos en todo el territorio hondureño y para ello capacitaremos altamente al personal asignado a cumplir esta misión.
En conjunto con las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) la institución policial puso a disposición de los centros penitenciarios personal con capacidades en el manejo de los mismo para un mejor control de los privados de libertad.
Jair Meza también director de comunicación estratégica de la Policía Nacional, señaló, que “nuestra institución tiene una misión y para ello ha sido asignado el personal para brindar el apoyo necesario en los centros penitenciarios”.
“El objetivo primordial para la institución es que haya menos delitos, corrupción y otros actos ilícitos en todo el territorio hondureño y para eso debemos de trabajar bastante en la prevención”.
“Los privados de libertad ya no son los mismos de hace diez años, debido a los grandes cambios de la tecnología y la evolución del país, pero que el sistema de seguridad ha tenido una gran transformación”, recalcó, Meza.
Gilbert Rivera, capitán retirado de las FF. AA. Mencionó que “debemos de trabajar bastante en la prevención; muy acertada la decisión de intervenir el Sistema Nacional Penitenciario, ya que hemos visto muchos actos anormales en los mismos.
“Los protocolos de derechos humanos hay que respetarlos, pero la comunicación con los familiares no debe de ser tan seguida para no seguir en los mismo, los presos de alta peligrosidad debe de tener un castigo especial”, expresó el capitán.
Por su parte Carlos del Cid, representante de los Derechos Humanos, expresó que no está de acuerdo con la decisión, pero que sí era necesaria una intervención en el Sistema Penitenciario de Honduras.
“La inmediata incorporación de un programa de inclusión y rehabilitación para los privados de libertad es muy importante para la prevención de delitos en nuestro país”, expresó Del Cid.
Seguiremos trabajando en la persecución del delito y en la prevención; la Policía Nacional está comprometida en cumplir su misión de servir y proteger al pueblo hondureño.
JEFE DE FUSINA:
Intervención “no parte de cero”
El coronel José Ramón Macoto, nuevo jefe de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), dijo que la intervención en los centros penales “no parte de cero”, pues ya hay un trabajo adelantado.
“Por eso no se puede decir que las operaciones parten de cero, pues hay avances muy importantes en la labor desarrollada al interior de las cárceles”, enfatizó.
“Se ha iniciado un proceso para controlar los centros penitenciarios amparado en un decreto de emergencia aprobado por el Poder Ejecutivo”, dijo Macoto.
El Poder Ejecutivo, en Consejo de Ministros, declaró estado de emergencia en el Sistema Penitenciario Nacional, luego de los últimos hechos registrados en las cárceles de máxima seguridad del país.
Es así como el manejo de todos los centros penales y de menores infractores, quedaron bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) y de la Policía Nacional en el marco de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).
En ese sentido, Macoto dijo que se han iniciado estas actividades que incluye el control de los centros penitenciarios la comisión interventora del sistema penitenciario nacional tiene una serie de misiones entre las cuales alcanzar el normal funcionamiento de los penales.
En los diferentes centros penales hay personal que se ha designado a fin de ejecutar las funciones que corresponden, y se elabora un diagnóstico de la situación actual a fin de determinar cuáles son las estratégicas para planificar el trabajo a desarrollar, según el oficial Macoto.
FREDY DÍAZ:
Se busca cómo ingresaron armas
El ministro de Defensa, Fredy Díaz, manifestó que harán todo el trabajo posible para controlar los centros penitenciarios a nivel nacional, debido a que las Fuerzas de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) han demostrado que tienen la capacidad.
Con la destitución del cargo de las anteriores autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y con la concesión del control por parte de Fusina, bajo la coordinación de la junta interventora de los centros penales durante seis meses buscarán restaurar el orden ante los conflictos internos.
Díaz enfatizó que “hay una situación real en las cárceles que se está analizando; en el campo que a mí me corresponde como ministro de Defensa, haremos todo el trabajo de rigor en cuanto a la parte administrativa”.
“Hay una institución como Fuerzas Armadas que siempre están listas para ayudar en todos los temas que se requiera presencia de los soldados, hay una preparación, una capacitación y no podemos hacer nada sin antes tener esa preparación para hacer el mejor trabajo posible”.
Asimismo, dio a conocer que las enmiendas necesarias para que los centros penales mejoren se realizarán en el marco de la ley.
“Venimos de situaciones complejas, de décadas complejas en los centros penales, hoy podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo en los centros penales y podemos hacer enmiendas para poder corregirlos”, mencionó.
Agregó que “estuvimos hasta hace algunos seis, siete años, donde el control de los centros penales era por los mismos reos y ahora se está ejerciendo el control y vamos avanzando cada día más”.
Reconoció que han venido trabajando fuerte, pero hace falta mucho por hacer para detectar qué es lo que ingresa a las cárceles.
MESA PENITENCIARIA:
Militarización no necesaria
La Mesa Penitenciaria, de la Sociedad Civil, mediante comunicado destacó ayer que la militarización del sistema nacional penitenciario no es una propuesta favorable para mejorar las problemáticas de las prisiones.
En el escrito detallaron que con una firme convicción denunciamos que “la militarización del sistema penitenciario nacional y del Instituto Nacional para la atención de menores infractores, no es la solución al problema de la corrupción y violencia que se vive en dichos sistemas”
Por más de dos décadas los militares y la Policía tuvieron bajo su responsabilidad los distintos centros penales del país y durante ese tiempo los asesinatos, el tráfico de drogas, de armas, las extorciones, la trata de blancas y muchos otros delitos estuvieron presentes sin que estas autoridades pudieran detenerlos, por el contrario, muchos de ellos estuvieron cuestionados por estar implicados en los mismos.
El Estado de Honduras tiene compromisos firmados a través de varios tratados internacionales en base a los cuales se ha comprometido a desmilitarizar la sociedad hondureña y en particular el trato con los sistemas penitenciarios de adultos y los sistemas de detención a menores infractores, no cumplir dichos tratados y las recomendaciones que de estos han surgido, si por tales incumplimientos resultaran adultos y menores de edad violentados en sus derechos humanos por militares y policías, esto acarreará serias y seguras condenas al Estado de Honduras.
Los militares y los policías no están preparados para la naturaleza especial del trato con personas privadas de libertad, dicha capacidad requiere de una formación especial de valores y principios civiles profundamente arraigados producto de un proceso de formación humana y psicológica, los cuales no están presentes en la formación curricular de policías y militares, según lo que la historia reciente nos ha demostrado.
No se puede ignorar que las masacres de los dos últimos años aún en las supuestas “Cárceles de máxima seguridad” se han dado bajo la seguridad en manos de militares y de Fusina a través de los famosos anillos de seguridad, los cuales insólitamente no responden a la pregunta cómo han ingresado, armas, granadas, drogas, dinero y celulares a estas cárceles de máxima, mediana y mínima seguridad”.
