La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador acusó al exembajador de este país en Honduras, Sigifredo Ochoa Pérez, y a otras dos personas por supuestamente apropiarse de más de 107.000 dólares de fondos estatales.
Una representante del Ministerio Público indicó a periodistas que solicitaron a un tribunal que Ochoa, Walter Alfredo Anaya y Soledad Funes, esta última persona de nacionalidad hondureña, pasen a la etapa de instrucción para enfrentar una investigación judicial.
Precisó que en el año 2005 se firmaron dos contratos de arrendamiento del inmueble en el que funcionaba la sede diplomática salvadoreña en Honduras y en estos existía una “diferencia en el canon de arrendamiento” de 800 dólares mensuales.
Apuntó que este excedente lo recibía Ochoa cuando era embajador y que al ser destituido del cargo, en 2009, el dinero supuestamente lo entregaba Funes a Anaya, quien se desempeñaba como ministro consejero, “en calidad de cómplice necesario”.
“Estos hechos se siguieron dando hasta el año 2016, cuando uno de los embajadores indagó sobre el origen del pago del arrendamiento”, acotó el letrado.
Ochoa es un militar retirado con el grado de coronel y exdiputado de la Asamblea Legislativa salvadoreña entre 2012 y 2015 bajo la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), partido que abandonó para ligarse a la minoritaria Democracia Salvadoreña (DS).
El militar fue destituido de su cargo en 2009 tras aceptar sin el consentimiento de la Cancillería salvadoreña una condecoración en Honduras en momentos en los que el Ejecutivo de Mauricio Funes (2009-2014) no reconocía al Gobierno de ese país tras el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya.
Un informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington señala que tropas al mando de Ochoa cometieron “graves violaciones de derechos humanos durante operativo militar” en 1981, incluyendo “el asesinato indiscriminado de civiles” en el central departamento de Cabañas.
“Tanto los sobrevivientes como las fuentes oficiales indican que los ataques comenzaron en la madrugada del 11 de noviembre. Las versiones de los medios de comunicación y de las diversas comunidades afectadas confirman el uso de fuego de morteros y ametralladoras desde helicópteros y bombardeo aéreo”, apunta el documento publicado en internet en 2015.
El referido centro de derechos también señala que además de este hecho, conocido como masacre de Santa Cruz, Ochoa es investigado por la matanza de unos 200 civiles denominada El Calabozo (1982).
En octubre de 2018, la experta del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) Silvana Turner localizó restos óseos que se supone pertenecen a una familia de seis personas ejecutadas durante esta última masacre. (EFE)
