Por Fernando Berríos
Periodista
¿Ha caído en ingobernabilidad el sistema penitenciario hondureño? Claro que no, muy injusto sería no reconocer que aquel sistema arcaico, anacrónico y propenso a la “metástasis” de la violencia, comenzó a dar un giro de 180 grados en los últimos años.
Estamos claros que es sumamente difícil para la clase política criolla ver “ojos bonitos en cara ajena”, sin embargo, no estaría mal que quienes NO quemaron una sola neurona en pensar cómo resolver este problema estructural, hoy al menos contribuyan no socavando las bases de un esfuerzo válido para poner orden.
¿Se acabará la violencia dentro de los centros penales? Usted es un iluso si cree que sí. Solo basta un poco de sentido común para determinar por qué la violencia ha sido el denominador en todas las cárceles del mundo.
La mayoría de sus inquilinos no están ahí por santos, inmaculados o “mansas palomas”, están ahí porque mataron, asesinaron, extorsionaron, torturaron, robaron, violaron, etcétera.
Hace pocos años estos criminales tenían sus autogobiernos y ninguna decisión se tomaba adentro sin su consentimiento. Ellos decidían quién vivía y quién no, quién dormía en la cama y quién en el piso, quién comía y quién no.
Estos viejos reclusorios eran verdaderas escuelas del crimen. Desde su interior salían las órdenes para ejecutar masacres, robos, extorsiones, secuestros. Los “toros” vivían como reyes, en suites provistas de televisión, aire acondicionado, refrigeradora, estufa, camas king size, video juegos y hasta bares con selectos vinos y licores.
Drogas, dinero, armas y explosivos se guardaban en caletas que se construían por decenas a vista y paciencia de autoridades de turno.
Cada año, los medios de comunicación reportan la muerte de hasta 200 ó 300 privados de libertad. Cada semana aparecían ahorcados, estrangulados, acuchillados, acribillados, envenenados, en fin, aquí sí había caos, anarquía, ingobernabilidad.
Lo que hoy se vive en los centros penitenciarios, si bien no se justifica por ningún motivo, dista mucho de ese oscuro pasado.
Por ello, la decisión de declarar estado de emergencia en los 27 centros de reclusión es 100% acertada, porque la peor tragedia que le puede ocurrir a Honduras es que estos criminales recuperen sus autogobiernos.
Honduras debe seguir avanzando y todas las fuerzas políticas y sociales, contrario a lo que hacen actualmente, deberían ser propositivos para que nunca más los privados de libertad pongan de rodillas a todo un país.
Estos criminales quieren recuperar lo que perdieron. Quieren Netflix, excentricidades, wifi, comida buffet, agua caliente, sexo, drogas, armas, dinero.
Lo que se ha avanzado no ha sido poca cosa. Se cerró y demolió el centro penal sampedrano. Se construyeron cárceles modernas (Ilama, El Porvenir, Morocelí y La Jaula en Támara), con tecnología de primer mundo y con protocolos suficientes para brindar castigos ejemplarizantes a los criminales.
Usted podrá pensar que si hay actos violentos en el interior entonces no son de máxima seguridad, pero no cometa el error de ser tan simplista en su análisis.
Para que un privado de libertad acabe con la vida de otro ni siquiera necesita un arma, le bastan sus dos brazos para estrangularlo.
Ninguna cárcel en el mundo, por muy sofisticada que sea, está exenta de que se vulneren sus sistemas de seguridad, precisamente porque quienes las operan son seres humanos.
Solo se necesitan 500 lempiras (o menos) para que un agente penitenciario ceda a la tentación, al miedo o la amenaza, apague el botón del escáner y las armas, la droga y el dinero comiencen a entrar como “Pedro por su casa”.
Ser más astutos y más rápidos que los casi 22,000 reos albergados en los 27 centros penales (9,052 condenados y 11,199 procesados) no es tarea fácil. Ya el Instituto Penitenciario demostró que la camisa le quedó muy grande.
Ahora dígame usted: Si esta misión no se asigna a las Fuerzas Armadas, en función de sus capacidades, disciplina y valor, ¿quién la debería tomar? Estoy seguro que muchos (si acaso no todos) dirán: “Yo paso”.
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