Autoridades de las Fuerzas de Seguridad Interinstitucional (Fusina), buscan controlar la crisis en el sistema carcelario mediante la implementación de un plan estratégico que logre detener las “reyertas” en las prisiones, donde ya se registran cuatro masacres con 48 víctimas en 2019.
La Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), nombrada el 17 de diciembre pasado por mandato del Poder Ejecutivo, está conformada por elementos policiales y militares y la entidad tiene seis meses para normalizar la situación crítica que atraviesan las cárceles de Honduras ante la inseguridad al interior de las celdas.
El sistema penitenciario hondureño, constituido por 28 centros penales, alberga una población carcelaria de 21,575 privados de libertad, con un alto nivel de hacinamiento superior al 100 por ciento, que facilita el conflicto entre “maras” y pandillas y grupos de “paisas” o reos comunes que se disputan el territorio.
Con la destitución de la directora del INP, Rosa Gudiel, y el subdirector Germán Mcneil, y la presentación de la Comisión Interventora, procuran diseñar un nuevo sistema carcelario con recomendaciones para normalizar los centros penales, mejorar la atención médica de los privados de libertad y presentar propuestas de mejoramiento.
Igual, se busca mejorar las visitas con medidas y protocolos en cuanto a los privados de libertad.
LOS PLANES
El Presidente Juan Orlando Hernández declaró que, “la intervención del sistema penitenciario nacional es para evaluar, tomar las mejores decisiones, y esa evaluación en buena medida va a tener que ver con un sistema de inteligencia”.
“Los oficiales que están apoyando este proceso tienen conocimiento del tema, todo esto nos llevará a tomar las mejores decisiones en un tema temporal en el que se ejecutarán las mejores prácticas con tecnología y con un personal calificado y novedoso”, detalló el mandatario.
El viceministro de Seguridad, Luis Suazo, adelantó recientemente que diseminarán un contingente de 1,200 elementos de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y de la Policía Nacional para alcanzar el objetivo de normalizar la situación de emergencia en los centros penitenciarios.
El comandante general del Estado Mayor Conjunto de las FF. AA., general Tito Livio Moreno Coello, destacó que “tenemos diseñado un plan para asumir en cada centro penitenciario las funciones que están determinadas en el marco de la ley con todo el recurso humano necesario para garantizar al pueblo hondureño el orden y el cumplimiento de la ley en cada centro penitenciario”.
URGE RECLASIFICAR
Por su parte, el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), recomendó que las medidas de internamiento no están cumpliendo los fines para los cuales están previstas en la normativa interna e internacional.
Es urgente para ello realizar un proceso urgente de clasificación de la población privada de libertad que permita ubicar a cada una en el régimen que en base al marco normativo debe estar ubicada.
En ese contexto, especifican que el sistema penitenciario debe habilitar en las cárceles de máxima o mediana seguridad, la segregación o separación de los privados de libertad conforme su nivel de peligrosidad y en la separación incluir espacios para la educación, rehabilitación y reinserción.
“Se debe ejecutar una política integral en materia de justicia penal juvenil, orientada a la educación y orientación y no al confinamiento y encierro prolongado e indeterminado al que están sometidos los menores”, señaló el Conaprev.
ENFRENTAMIENTOS
Los enfrentamientos registrados a la fecha han dejado la pérdida de tres vidas en el Centro Penitenciario Nacional de Támara el pasado 12 de junio y el sábado 26 de octubre seis reclusos mataron a balazos y puñaladas al reo Nery Orlando López Sanabria o Magdaleno Meza, en la cárcel de máxima seguridad de “El Pozo I”, en Ilama, Santa Bárbara, donde estaba preso por cargos de narcolavado.
También perecieron cuatro jóvenes en el centro de menores “Renaciendo”, el pasado 3 de diciembre. En un amotinamiento registrado el pasado 15 de diciembre, en la cárcel de maxima seguridad de La Tolva o “El Pozo II”, en Morocelí, El Paraíso, cinco integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), murieron acribillados a balazos.
Este fin de semana las masacres dentro de los centros penitenciarios alcanzaron las 32 víctimas mortales con la muerte de 18 presos en la cárcel de Tela, el viernes y otros 18 que perecieron ayer balaceados y a puñaladas en la cárcel de mediana seguridad de El Porvenir, Francisco Morazán, de donde también trasladaron heridos otros reclusos al capítalino Hospital Escuela.
Según las autoridades de Fusina, la Comisión Interventora determinó acelerar las fases de la estrategia a implementar y elaborar un diagnóstico que permita implementar medidas de aplicación urgentes, orientadas a estabilizar el sistema penitenciario nacional, especialmente aquellos centros penales que se identifiquen de alto riesgo.
OTRA REYERTA
Dieciocho internos muertos en cárcel de El Porvenir
Autoridades de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), reportaron la tarde de ayer la muerte violenta de otros 18 privados de libertad en la cárcel del municipio de El Porvenir, Francisco Morazán.
Con el deceso de estos internos, estarían llegando a 36 las vícti-mas del fin de semana, luego que el viernes fueron ultimados 18 más en el centro penal de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida.
Extraoficialmente se conoció que la muerte de estos reos en El Porvenir fue resultado de otro enfrentamiento entre prisioneros a balazos y puñaladas, hecho en el que también se registraron va-rios heridos que fueron trasladados al Hospital Escuela de Teguci-galpa.
CONADEH
Ochocientos decesos en prisiones desde 2003
Con base a recuentos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), al menos 800 muertos se registran en las cárceles hondureñas en los últimos años.
Un recuento de hechos indica que, en los últimos años, al menos cinco cárceles hondure-ñas han sido escenario de matanzas y tragedias que han dejado la pérdida de vidas.
El 5 de abril del 2003, se suscitó una “matanza” en la granja penal de El Porvenir, en el departamento de Atlántida, que dejó como saldo 69 personas muertas.
El 17 de mayo de 2004, se registró un incendio en el centro penal de San Pedro Sula, Cor-tés, donde perdieron la vida 107 privados de libertad y resultaron lesionados al menos 25 reclusos, hecho violentó por el cual Honduras fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre el 2011 y el 2012, el Conadeh registró la muerte de 419 personas privadas de su li-bertad, de los cuales, 360 murieron quemados en la granja penal de Comayagua.
En los últimos años, algunas cárceles hondureñas fueron escenario de incendios, motines, fugas, intentos de fuga, enfrentamiento entre privados de libertad, introducción de armas de fuego, granadas, drogas, licores y teléfonos.
Según el Conadeh, se ha cometido el error de delegar funciones en algunos privados de libertad, que en algunos casos creen que eso significa que les han dado licencia para mal-tratar física y emocionalmente a sus compañeros, imponiendo arbitrariamente castigos y sanciones.
Agregan que la mayoría de quejas recibidas de la población penitenciaria es por retardo en la justicia, que es un problema grave ya que las cifras indican que más del 50% de los pri-vados de libertad no tienen sentencia.
CARDENAL RODRÍGUEZ:
Pedimos una tregua navideña en muertes
“A los que son tentados a matar, les pedimos una tregua, al menos en estos días de Navi-dad para que Cristo pueda venir a una Honduras abierta a su palabra y a una Honduras que quiere vivir en paz”, clamó ayer el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, en la homilía dominical.
El jerarca de la Iglesia Católica en Honduras se expresó de esta forma, refiriéndose a las muertes constantes en las cárceles del país, especialmente a los hechos ocurridos la tarde del viernes en el centro penal de Tela, Atlántida, donde perecieron a balazos 18 privados de libertad y otros 17 resultaron heridos durante el enfrentamiento.
“Pónganse las manos en la conciencia por lo menos estos días de Navidad y Año Nuevo para que no le quiten la vida a ningún ser húmano”.
“Qué tristeza que en los últimos hechos sangrientos en unas cárceles, los privados de liber-tad se matan entre ellos, lo que siginifica que Dios no está en nuestros corazones”.
OMBUDSMAN
“Desde el 2014 advertimos que cárceles estaban controladas por terceras personas”
El titular de la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, expresó ayer que desde el 2014 habían advertido que los centros penales estaban controlados por terceras personas y no por las autoridades penitenciarias.
El “ombudsman” señaló que lamentablemente la mayoría de las recomendaciones que ellos les hicieron a las autoridades, estas no fueron tomadas en consideración, a pesar que las sugerencias tenían impacto a largo plazo con relación a la seguridad de los privados de libertad sobre su alimentación, la salud y las visitas de sus familiares, entre otros aspectos.
Agregó que la situación que atraviesa el sistema penitenciario en Honduras, es producto de la negligencia y omisiones que han mostrado las autoridades en los últimos años y después de seis meses que haya trabajdo la Comisión Interventora, las cárceles deben ser maneja-das por personas civiles, conocedoras del tema, porque el papel de los miltares en este asunto, debe ser transitorio.
Seguiremos colaborando y supervisando junto al Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), sobre las actuaciones de la Junta interventora del Sistema Penitenciario para que actúen bajo el respeto a los derechos humanos.
