Santiago de Chile, 23 dic (EFE).- El Gobierno de Chile pidió este lunes al presidente argentino, Alberto Fernández, que se abstenga de opinar sobre el estallido social, luego de que este asegurara que la comunidad internacional no es tan crítica con la crisis que vive el país como lo es con la situación en Venezuela.
La Cancillería explicó en un comunicado que el ministro chileno, Teodoro Ribera, llamó a su homólogo argentino, Felipe Solá, para expresarle su “sorpresa” por los comentarios” de Fernández y precisarle “la conveniencia de no emitir opiniones sobre situaciones de política interna de los respectivos países”.
Durante una entrevista en una televisión local, el mandatario argentino aseguró que hay que “poner la mirada en su lugar justo” y que la comunidad internacional “habla menos” de las violaciones a los derechos humanos que presuntamente se han cometido en Chile durante las protestas que de otras crisis.
“Me acordaba días atrás, cuando recibí a las organizaciones de derechos humanos venezolanas, en 2013, cuando (Nicolás) Maduro, después de una manifestación puso presos 800 personas.
(Sebastián) Piñera metió presas a 2.500 personas y no pasa nada, nadie dice nada”, dijo Fernández.
“Quiero aclararle que tengo el mejor trato con Piñera y, si puedo ayudar en algo a que Chile salga de este momento, los voy a ayudar en lo que esté a mi alcance, pero seamos justos, digamos todo”, agregó el gobernante argentino, de corte izquierdista.
La Cancillería chilena aseguró en el mismo comunicado que en el país “existe un pleno Estado de Derecho” y que “no es el Presidente de la República, sino las policías, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, las instituciones que cuentan con atribuciones para detener, investigar, juzgar y condenar a los responsables de delitos”.
Chile vive su crisis más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con al menos 24 muertos -cinco a manos de agentes del Estado-, miles de heridos y graves señalamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de organismos internacionales como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
El presidente chileno, el conservador, Sebatián Piñera, ha reconocido abusos puntuales, pero ha negado una política sistematizada para atacar a los manifestantes y se ha comprometido a investigar los hechos.
El autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha interpuesto hasta la fecha un total de 943 denuncias contra las fuerzas de seguridad, de las cuales 750 son por torturas y 134 por violencia sexual (desnudamientos, tocamientos y cuatro violaciones).
Lo que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo, que ha dejado también episodios de violencia extrema con saqueos, incendios, barricadas y destrucción de mobiliario público.
Aunque las manifestaciones han perdido fuerza, sigue existiendo descontento en las calles y la crisis parece lejos de solucionarse, pese a las medidas sociales anunciadas por el Gobierno y al acuerdo parlamentario para convocar un plebiscito sobre una nueva constitución.
