La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) calificó este martes como «bueno» para el país la reunión anunciada por el Gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA) para formalizar la segunda etapa de ese ente, que depende del organismo.
«Qué alegría escuchar ese mensaje, es una esperanza, aunque no nos definen hacia dónde va, pero desde el momento que dicen que se van a sentar el viernes es bueno», dijo a periodistas el vocero de la CEH, Juan Ángel López.
Enfatizó que si el convenio de creación de la Maccih, que se instaló en abril de 2016 en Honduras, se debe corregir que se haga, pero que no sea enviado al Parlamento hondureño puesto que su junta directiva ha manifestado su rechazo a la renovación de la Misión.
El Gobierno hondureño y la OEA informaron este lunes en un comunicado conjunto que el viernes iniciarán «conversaciones formales» sobre la segunda etapa de la Misión.
La reunión busca «dar un paso a la siguiente etapa» de la Maccih a través de la «construcción de un sistema más fuerte, lucha contra la impunidad y combate a la corrupción en Honduras que ayude a seguir adelante con el fortalecimiento institucional, indicaron.
El vocero de la Conferencia Episcopal indicó que el pueblo hondureño tiene necesidad de «justicia y paz» y considera que la Maccih puede contribuir en ello.
«No nos está diciendo que va a continuar, pero al menos hay esperanza y de esa voz de esperanza agarrémonos», subrayó.
Dijo que el diálogo entre Honduras y la OEA «es sano y bueno» para alcanzar la paz en el país centroamericano.
López deseó que la reunión bilateral tenga resultados «positivos» que deriven en la extensión de la Maccih.
Invitó al poder Legislativo de Honduras a que rectifique su posición en contra de la renovación de la Misión de la OEA.
Una comisión especial del Parlamento hondureño encargada de evaluar el trabajo del ente pidió el día 10 no renovar el mandato de la Misión de la OEA.
La Maccih es la primera iniciativa de la OEA para combatir la corrupción en un Estado miembro y su convenio de creación fue suscrito en enero de 2016, con una vigencia de cuatro años, contados a partir de la fecha de su rúbrica. EFE
