Guatemala, 24 dic (EFE).- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Guatemala aseguró que este martes monitorea de cerca la detención el pasado 21 de diciembre de un activista indígena sindicado de varios delitos, incluido terrorismo.
La entidad detalló a través de sus cuentas en redes sociales que mantiene un «seguimiento» a la captura y a la «situación» actual de Francisco Lucas Pedro, activista indígena de derechos humanos y miembro del partido político Winaq.
De acuerdo a la Policía Nacional Civil (PNC), Lucas Pedro está imputado por «allanamiento, coacción y amenazas, incendio, actividad contra la seguridad interior de la nación, terrorismo y secuestro, detenciones ilegales y atentado contra la seguridad».
El arresto se registró el 21 de diciembre en el departamento de Huehuetenango, 300 kilómetros al noreste de la ciudad de Guatemala.
Lucas Pedro, de 40 años, es perito contador y forma parte del equipo de periodistas y corresponsales del medio alternativo Prensa Comunitaria, de acuerdo a información divulgada por el mismo medio.
Es, además, indígena «maya q’anjob’al»,»defensor del agua» y «dirigente de la resistencia en Barillas» que «logró hasta la fecha que el proyecto hidroeléctrico de la empresa Ecoener Hidralia S. A. se detuviera», detalló Prensa Comunitaria.
La compañía española Ecoener Hidralia se estableció en Guatemala en 2008 mediante su subsidiaria, Hidro Santa Cruz, para ejecutar un proyecto hidroeléctrico en Huehuetenango avalado por el Gobierno de Guatemala. Sin embargo, ante el rechazo de poblados indígenas aledaños, decidió suspender sus operaciones en 2016 y abandonar Guatemala.
«No nos cabe la menor duda que esta detención es política», afirmó Prensa Comunitaria a través de sus canales de información.
Lucas Pedro se encuentra recluido actualmente en una cárcel del mismo departamento de Huehuetenango.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) elaboraron un informe en conjunto este año en el que detectaron un total de 106 detenciones entre 2017 y 2019 en las que existió «criminalización».
Según el documento, los principales delitos utilizados para «criminalizar a personas defensoras de derechos humanos» fueron hurto de fluidos eléctricos, instigación a delinquir, usurpación agravada y asociación ilícita. EFE
