El ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Leonel Ayala, dijo que con la intervención en los centros penales se proyecta que “la colusión, amenaza y la intimidación” no reinen más en ese sistema.
Continuamente, el proceso de transición debe revisarse, acoplarse a la legislación nacional y a los acuerdos internacionales, comentó.
Eso es precisamente lo que las autoridades realizan en estos momentos, a fin de determinar las grandes líneas de ejecución fijadas en el decreto ejecutivo que dio vida a la intervención del Instituto Nacional Penitenciario (INP), dijo.
“Estamos ultimando algunos detalles que tienen que ver más que todo con el tema administrativo”, sostuvo.
El funcionario comentó las últimas reyertas que han dejado unos 37 privados de libertad muertos en el centro penal de Tela, Atlántida, y en la cárcel de Siria, El Porvenir, Francisco Morazán.
“Lo que sucede es que toda esa masa de delincuentes que trabajaba en los municipios, calles, barrios y colonias cometiendo crímenes, extorsión y asaltos, ahora se encuentra en los presidios”, sostuvo.
“Por lo tanto, se le debe dar una cobertura especial en razón de garantizar la seguridad de los mismos privados de libertad”, dijo.
Consideró que obviamente todo es un proceso al cual la delincuencia se resiste.
En el pasado, la amenaza y la intimidación en contra del personal penitenciario era algo común, “pero se espera que ya no reinen más en los presidios”, subrayó.
El Poder Ejecutivo, en Consejo de Ministros, declaró estado de emergencia en el Sistema Penitenciario Nacional de Honduras, tras los últimos hechos registrados en las cárceles de máxima seguridad del país.
Luego, el gobierno nombró una Comisión Interventora del INP para que en un término de seis meses retomar el control de los penales.
