El llamado “tasón de seguridad poblacional” será alimentado en 2020 con una suma cercana a los 3,000 millones de lempiras, que se proyecta serán aportados por cinco sectores.
Las transacciones financieras tendrán una contribución de alrededor de 2,800 millones de lempiras, mientras que la telefonía móvil reportará una cantidad de 69 millones.
Las comidas rápidas y la red de cooperativas participarán en la Tasa de Seguridad con un ingreso de 60 millones de lempiras, en su conjunto, señala el presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año.
Entretanto, las actividades registradas en los casinos y centros donde operan las máquinas tragamonedas entregarán período entrante 5,700 millones de lempiras al programa presuntamente dirigido a fortalecer la lucha contra la violencia criminal y los programas de prevención.
Sectores críticos ha reafirmado sus dudas acerca del buen manejo de los fondos que llegan a la Tasa de Seguridad, porque estiman que los mismos son una carga injusta para la población y que representa un gasto inorgánico.
Los informes del Comité de Administración del Fideicomiso del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional destacan que en el período 2012-2019 han sido desembolsados más de 17,000 millones de lempiras.
En 2012 se distribuyeron 85 millones de lempiras; en 2013, los recursos entregados subieron a 1,600 millones; en 2014, superó los 2,500 millones y en 2015, la cantidad disponible fue de 2,800 millones.
En 2016, el Tasón recibió 2,400 millones de lempiras; para 2017, el monto se elevó a 2,800; y en 2018 tuvo un descenso al llegar a 2,500 millones.
En lo que ha transcurrido de 2019, el fideicomiso para la seguridad ha recaudado 2,466 millones de lempiras, la mayor parte asignada a la Secretaría de Seguridad, en una proporción de 1,800 millones.
Se recuerda que en 2013 la vigencia de la Tasa de Seguridad Poblacional fue extendida por diez años, a partir de la puesta en vigencia en 2011.
En esa fecha, los diputados del Partido Nacional hicieron hincapié en la necesidad de prolongar el proceso de recolección de fondos para afianzar la batalla contra la criminalidad y garantizar la protección de la población.
Legisladores de la oposición demandaron la presentación de un informe para conocer cómo se habían invertido los fondos recaudados, pero su planteamiento fue desvirtuado.
Después de la reforma introducida al decreto 105-2011, el mismo se lee de la siguiente manera: “Créase una contribución especial por transacciones financieras por seguridad poblacional con carácter transitorio con vigencia de 10 años, a partir de la entrada en vigencia de la presente disposición”.
