SAN SALVADOR – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró la «reducción drástica» de la violencia en El Salvador, alertó del hacinamiento carcelario e instó al Gobierno a avanzar en la desclasificación de los archivos de la guerra civil, en un informe sobre su visita al país destacado este domingo por la OEA.
La CIDH, un ente autónomo de la OEA con sede en Washington, publicó el viernes el informe preliminar sobre derechos humanos en El Salvador tras una visita a principios de diciembre al país centroamericano, encabezada por su presidenta Esmeralda Arosemena de Troitiño.
«Saludamos visita a El Salvador por invitación del presidente Nayib Bukele».Celebramos apertura de El Salvador luego de 32 años y disposición del presidente a mejorar condiciones estructurales de DDHH en su país», destacó hoy el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en referencia al informe de la CIDH.
Almagro recalcó, además, que el Gobierno de Nayib Bukele, en el poder desde junio pasado, cuenta «con una fuerte voluntad de cambio en ese área».
VIOLENCIA Y CÁRCELES:
El reporte de la CIDH destaca que «en estos primeros seis meses de Gobierno» de Bukele «la tasa de homicidios se haya reducido drásticamente hasta alcanzar aproximadamente 50 por cada 100.000 habitantes, con las cifras más bajas desde los acuerdos de paz».
Las autoridades de El Salvador responsabilizan a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias de los altos índices de homicidios de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes registrados entre 2015 y 2018, cifras que sitúan a esta nación centroamericana como una de las más violentas del mundo.
Pese a los progresos en la reducción de la violencia, la CIDH mostró su preocupación sobre el «hacinamiento promedio en las cárceles».
«Estos centros se caracterizan por deficiente infraestructura, insalubridad, ausencia de programas fundamentalmente para reinserción en centros de seguridad y máxima seguridad que albergan a aproximadamente 16.000 personas, atención médica insuficiente, y escaso e inadecuado acceso al agua», indicó el documento.
MEMORIA HISTÓRICA:
Por otro lado, señaló que había observado «un consenso en la sociedad civil, así como en los distintos actores estatales con los que se reunió, sobre la falta de acceso completo y sistematizado a los archivos de las fuerzas de seguridad que actuaron durante el conflicto armado» (1980-1992).
«A más de 25 años de los Acuerdos de Paz, la falta de diligencia para desclasificar estos archivos constituye un gran obstáculo para la reconstrucción de la verdad de lo sucedido en el conflicto. Del mismo modo, constituye un serio condicionamiento para alcanzar la justicia en los casos de graves violaciones a los derechos humanos que se encuentran en fase de investigación», subrayó.
En este sentido, instó al Estado salvadoreño a entregar a las víctimas, autoridades judiciales y a la sociedad en su conjunto los archivos militares que corresponden a la guerra civil para avanzar en el conocimiento de la verdad y la persecución penal de las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados durante el conflicto armado.
MUJERES Y NIÑAS:
Asimismo, recomendó al Gobierno que, entre otras cosas, refuerce el sistema de protección a mujeres y niñas víctimas de violencia, de acuerdo con las observaciones preliminares del organismo.
El Salvador es uno de los países más peligrosos para la mujeres, según Amnistía Internacional (AI), por los altos índices de feminicidios y de violencia sexual que enfrentan.
El órgano internacional también considera que se debe «capacitar, de forma periódica, a funcionarios del Estado, en particular a operadores de justicia, en materia de inclusión de perspectiva de género y de estándares interamericanos sobre violencia y discriminación basada en género».
POBLACIÓN LGTBI, MIGRANTE Y DESPLAZADA:
La CIDH apuntó también que el Estado debe aplicar un plan para la protección y garantía de los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTI, incluyendo su acceso a la justicia, a educación, a salud y empleo, y promover la participación de organizaciones de la sociedad civil en su diseño y formulación.
Sobre la población migrante y desplazada, el órgano pidió que se apruebe un marco normativo integral sobre desplazamiento forzado que incluya soluciones duraderas y que garantice el acompañamiento y la asesoría en los mecanismos integrales de coordinación de protección de los derechos humanos.
Además, llamó a refutar la aplicación de medidas, políticas o acuerdos que de cualquier manera impongan el reconocimiento del país como «tercer país seguro».
El término «tercer país seguro«, como lo define la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), se usa para «transferir las responsabilidades del examen de una solicitud de asilo de un país de acogida, a otro que es considerado seguro» para recibirlos mientras se tramita el proceso. (EFE)
