Sin televisores, celulares, entre otros objetos de uso prohibido, quedaron los privados de libertad de nueve centros penales del país, luego de ser intervenidos el fin de semana por la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Para el caso, en Danlí, El Paraíso, se reportó el decomiso de televisores, toletes, tijeras, teléfonos celulares, reproductores, cortaúñas, armas blancas, limas de afilar machete, desarmadores y agujas para costurar zapatos.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), general Tito Livio Moreno Coello, manifestó que la Comisión Interventora ha iniciado su trabajo con registros en los primeros nueve centros penales.
“Asegurarle la vida a cada privado de libertad es el trabajo primario, en ese sentido, las Fuerzas Armadas están apoyando a la Comisión Interventora con todos sus recursos humanos y logísticos”, señaló Moreno Coello.
Añadió que “hasta este fin de semana se han intervenido nueve centros penitenciarios más que estaban programados en la secuencia de acciones que teníamos planificadas”, ya que se trata de un proceso en el que se irán realizando inspecciones en cada una de las cárceles.
INSPECCIONES CONTINÚAN
Moreno Coello señaló que en la primera etapa, las acciones estaban orientadas a los establecimientos de mayor complejidad, es decir los denominados “pozos”, pero en esta segunda etapa las inspecciones se hacen en el resto.
“En estos nueve centros que se terminó de intervenir es el 75 por ciento de la población penitenciaria, por tal razón, hemos pedido el apoyo de la institucionalidad del Estado para que nos acompañen en este proceso”.
El jerarca militar indicó que en las últimas horas han sostenido reuniones con las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos, para buscar alternativas en la problemática que se vive en los centros penitenciarios.
En cuanto a la denuncia de supuestas torturas a privadas de libertad en la cárcel de El Progreso, Yoro, reiteró que todos los reos tienen derecho a que se les respete su integridad y por eso piden a las autoridades de derechos humanos que participen de este proceso de intervención en las cárceles.
Aseveró que la Comisión Interventora ha iniciado una investigación para que se esclarezcan esos hechos, que no pueden volver a ocurrir.
