El Gobierno de Honduras y la Organización de los Estados Americanos (OEA), llegaron a un acuerdo para elaborar un nuevo convenio con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
Lo anterior fue confirmado por Ebal Díaz, ministro de la Presidencia, quien aseguró que para antes del 17 de enero estará listo el nuevo convenio “mucho más amplio” sobre la MACCIH.
“En ese contexto la OEA comparte nuestra visión. Hemos aprendido de lo que sucedió estos primeros cuatro años”, confirmó Díaz.
“Estamos enfocados en construir un nuevo sistema con el apoyo de la OEA”, añadió.
Díaz prometió que las modificaciones o la aprobación de un nuevo convenio no debilitará la lucha contra la corrupción, como lo denuncian algunos sectores sociales y la sociedad civil.
“Les digo que alejen preocupaciones porque no se está debilitando la lucha contra la corrupción y se está fortaleciendo con un convenio más amplio y comprensivo”, expresó.
Las conversaciones formales se iniciaron el pasado viernes en Washington, en las que se pretende la construcción de un sistema más fuerte de transparencia, lucha contra la impunidad y combate a la corrupción en Honduras, explicó Almagro.
Por su parte el canciller de Honduras dijo que las conversaciones son una nueva fase para continuar fortaleciendo las instituciones en la lucha contra la corrupción y el combate a la impunidad.
Entre los nueve puntos que se discutieron en la reunión de la semana pasada se destaca el Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión; financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; Prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas.
Asimismo, la cooperación jurídica internacional; combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos; fortalecimiento de los mecanismos interamericanos anticorrupción; cooperación en materia de seguridad pública, fortalecimiento del Sistema de Garantía de los Derechos Humanos; y la creación de un nuevo modelo penitenciario así como de la administración de los centros de internamiento para menores infractores.
