PEAJE Y CONSTRUCTORAS

ZV
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3 de enero de 2020
/
12:16 am
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PEAJE Y CONSTRUCTORAS

ESTA concesionaria del peaje como que ya se acostumbró a hacer a su antojo sin autoridad que la controle. Como noticia de año nuevo anuncian que la COVI “estaría analizando un alza al peaje en la carretera internacional de Tegucigalpa a San Pedro Sula (CA-5)”. Los nuevos incrementos serían dizque por la inflación, depreciación del dólar y, de paso, para financiar mantenimiento y la extensión de nuevos tramos carreteros”. El último impasse que hubo con esta concesionaria fue cuando colocó una trampa de estacas para destartalar vehículos que cruzaran sin pagar el sopapo. La SAPP ordenó quitar los clavos de acero de varias casetas –colocados como obstáculos para alterar la circulación por la vía– pero la gerencia de la concesionaria, en rebeldía, se negó a hacerlo. Amenazó que si no le presentaban opciones para evitar la fuga de vehículos, no acataría las instrucciones. Dijo que acudió a la Fiscalía a hacer la denuncia –como si eso fuera objeto de acción penal de la Fiscalía y no de infracciones de tránsito– y como no obtuvo resultados se le agotó la paciencia optando por colocar las trampas de clavos.

En aquella oportunidad, Leo Castellón, de la Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP), reveló que “esta concesión se otorgó para proteger una inversión de 240 millones de dólares que costó la obra, misma que fue construida con fondos de la Cuenta Desafío del Milenio y préstamos nacionales con organismos multilaterales de crédito”. Ese aspecto que fue denunciado en su momento cuando otorgaron el contrato de concesión quedó difuso. El peaje es la cuota que paga cada vehículo que cruza, para que la empresa constructora del tramo carretero pueda recuperar su inversión. No es para cobrar por obras que construyeron otros –como lo explica la SAPP– con fondos de la Cuenta del Milenio y con fondos nacionales. ¿Cómo fue que por obras ajenas permiten cobrar peaje a una concesionaria cuya tarifa solo debe aplicar al uso de los tramos que construyeron? Se trata de un cobro indebido sujeto a investigación. Esto nos lleva a otra inquietud. La empresa está en la obligación de dar mantenimiento a la obra realizada. Ello ya estaba establecido en el monto inicial de cobro del peaje. Eso de subir tarifas al antojo, pretextando alza de costos de operación, debe ser ampliamente demostrado y justificado. De lo contrario estaríamos frente a un cobro irregular, donde la empresa concesionaria, cada vez que le viene en gana, a discreción, sube la tarifa para sacar más ganancia.

Ello ameritaría tanto una auditoría de parte del Tribunal Superior de Cuentas como una investigación de la Fiscalía del Consumidor. Eso es parecido a otros procederes cuestionables que nunca se escudriñan. Así como los contratos que firman –por obras públicas o municipales– con las constructoras, a un precio convenido, y ya sobre la marcha, en el proceso de construcción van alterando los términos. Ya sea en base a alzas a los valores pactados distinto a lo convenido inicialmente o con ampliaciones al contrato original. Es en esas modificaciones al contrato original, donde el constructor –no se explican esos bocados adicionales a no ser con la complacencia de los funcionarios que contratan la obra– le mete patada y mordida al Estado.

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