GALILLO, CONSTRUCTORAS, FISCALIZACIÓN Y PEAJE

ZV
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4 de enero de 2020
/
12:51 am
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GALILLO, CONSTRUCTORAS, FISCALIZACIÓN Y PEAJE

EL CONTAGIO Y LAS ALARMAS

EL lempira –según indicadores del BCH– inició el 2020 con un fortalecimiento de dos centavos en función del dólar. Del lobo un pelo. Si ello es así, demuestra que esos pretextos de algunos para aumentar tarifas, son infundados. La COVI cita la depreciación de la moneda frente al dólar entre las razones para subir el cobro del peaje. Pretextos. Firman un contrato para ganarse una concesión y en el camino van modificando los parámetros, elevando los montos que cobran por subir las trancas en las casetas de peaje, para lucrarse más. La gente ya no aguanta con tanto sopapo. El año pasado la alcaldía de Tegucigalpa elevó la tasa vehicular. Después arregló rebajándole a los transportistas que protestaron, pero los demás clientes, que no tienen galillo para quejarse, se quedaron con el aumento. Se preguntan la razón ¿por qué los comercios apenas sobreviven, por qué no hay generación de fuentes de trabajo? Solo el año pasado la alcaldía capitalina duplicó sus ingresos al tesoro municipal elevando el valor catastral de las propiedades.

Así, a gusto de la municipalidad, modificaron el valor de los bienes inmuebles al antojo. Así que al aplicar la misma tarifa anterior (una cantidad porcentual) a un mayor valor catastral, equivale a subir el impuesto. El golpe a los propietarios de bienes inmuebles –toda la clase media– significó pagar el doble de lo que pagaban antes. Bueno –dirá la gente resignada– hay obras de infraestructura, puentes, vías de alivio, pavimento, y tenemos un buen alcalde. Es cierto, hay alcalde carismático y trabajador. Pero toda esa infraestructura cuesta. ¿Hay obras, pero a qué precio? A costa de una menor actividad económica en la ciudad. Una ciudad de crecimiento tan caótico –sin agua, sin plan, sin orden vehicular– que parece hormiguero. Pues bien, para eso sirvió el prolongado puente de feriado. Para disipar los descontentos. Para hacer que los inconformes se divaguen y se relajen. Sin embargo, si de regalo de reyes anuncian un incremento de las tarifas de la ENEE, un aumento del peaje sería puyar demasiado al macho con vara corta. Repetimos lo dicho en editorial anterior. La Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP), reveló que “esta concesión se otorgó para proteger una inversión de 240 millones de dólares que costó la obra, misma que fue construida con fondos de la Cuenta Desafío del Milenio y préstamos nacionales con organismos multilaterales de crédito”. Ese aspecto que fue denunciado en su momento cuando otorgaron el contrato de concesión quedó difuso. El peaje es la cuota que paga cada vehículo que cruza, para que la empresa constructora del tramo carretero pueda recuperar su inversión. No es para cobrar por obras que construyeron otros –como lo explica la SAPP– con fondos de la Cuenta del Milenio y con fondos nacionales.

¿Cómo fue que por obras ajenas permiten cobrar peaje a una concesionaria cuya tarifa solo debe aplicar al uso de los tramos que construyeron? Se trata de un cobro indebido sujeto a investigación. Esto nos lleva a otra inquietud. La empresa está en la obligación de dar  mantenimiento a la obra realizada. Ello ya estaba establecido en el monto inicial de cobro del peaje. Eso de subir tarifas al antojo, pretextando alza de costos de operación, debe ser ampliamente demostrado y justificado. De lo contrario estaríamos frente a un cobro abusivo, donde la empresa concesionaria, a discreción, sube la tarifa, en insaciable desenfreno de lucro. Ello ameritaría tanto una auditoría de parte del Tribunal Superior de Cuentas como una investigación de la Fiscalía del Consumidor. Pero, además, deberían auditar todos esos contratos que firman –por obras públicas o municipales– con las constructoras, a un precio convenido y, ya sobre la marcha, en el proceso de construcción, van alterando los términos. Ya sea en base a alzas a los valores pactados distinto a lo convenido inicialmente o con ampliaciones al contrato original. Es en esas modificaciones al contrato original, donde el constructor y el contratante –en bocados adicionales– burlan al Estado. Si quieren atacar lo turbio, vayan a fiscalizar esa otra fuente de negocios dudosos.

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