Parlamento de El Salvador aprobará ley para víctimas de desplazamiento
Two girls walking to school are crossing the yellow police line at crime scene in front of their school. A man of 24 as he left his house on his way to work in the municipality of San Marcos, San Salvador. Gangs in El Salvador have increased their presence in schools across the country, who have accomplished much even recruiting young people based on threats
SAN SALVADOR – Una comisión de diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador acordó este lunes someter a votación en el pleno de este órgano de Estado una iniciativa de ley para proteger a las víctimas del desplazamiento forzado generado por la violencia.
El acuerdo para emitir el “dictamen favorable”, que permite que la propuesta sea votada para su aprobación o envío al archivo, fue tomado por los integrantes de la Comisión de Legislación.
LEY ORDENADA POR SUPREMO:
Este acuerdo llega casi año y medio después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconociera el fenómeno y ordenará al Congreso la emisión de una ley especial.
Dicha sentencia se dio en respuesta a una solicitud de amparo de una familia de 33 personas que tuvo que desplazarse de la central localidad de Ciudad Delgado por las amenazas de muerte y acoso por parte de la pandilla Barrio 18 porque 2 de las víctimas eran soldados.
En uno de estos ataques fueron violadas una mujer y una niña de 12 años, por lo que decidieron huir a la oriental localidad de Berlín, donde fueron acosados por los cuerpos de seguridad y la Policía asesinó a la mujer que fue abusada sexualmente.
Se espera que la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno se vote este jueves 9 de enero en la sesión semanal del Congreso.
El diputado de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) René Portillo Cuadra afirmó que se debió emitir esta ley especial por la “incapacidad del Estado” para proteger a los ciudadanos.
“Parece ser que la violencia le ha ganado la partida al Estado, porque cuando el Estado no es capaz de garantizar sus pertenencias, su casa y su seguridad a las familias salvadoreñas, entonces la opción es irse”, dijo Portillo a periodistas.
Añadió que “por décadas el Estado no había querido reconocer que había desplazamiento forzado interno” por la violencia.
FINANCIACIÓN INCIERTA:
Mario Tenorio, legislador de la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), señaló que será el Gobierno el que decidirá el monto destinado para los programas de protección estipulados en la ley.
Señaló que la ley entrará en vigor “de manera inmediata” y que su financiación “podría hacerse mediante un refuerzo presupuestario” posterior, dado que el presupuesto del Estado fue aprobado en 2019.
“En el presupuesto del próximo año tendrá por obligación de la ley que incorporarse” los fondos, añadió Tenorio.
SIN PARTICIPACIÓN DE OMBUDSMAN:
Por otra parte, el legislador de GANA señaló que los diputados decidieron excluir de la estructura de protección a las víctimas a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por las “circunstancias y funcionamiento mismo” de la institución.
Tenorio, que no entró en detalles sobre este punto, añadió que “creemos que será mucho más eficiente la ley” sin la inclusión de la PDDH en su funcionamiento.
Hasta antes de la emisión del fallo de los jueces constitucionales, la PDDH era la única institución estatal que reconocía el fenómeno y colaboraba con organizaciones de la sociedad civil en su atención.
Dichas organizaciones no gubernamentales esperan que el Gobierno reconozca el desplazamiento forzado con una declaración del presidente y no de un funcionario de menor jerarquía.
La violencia criminal que vive El Salvador obligó a más de 235.700 personas a desplazarse forzosamente durante el 2018, según una encuesta nacional de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA). (EFE)
