Por Edmundo Orellana
En carta enviada al Secretario de Estado Asistente Interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, Mike Kozak, los senadores norteamericanos Robert Menéndez, Marco Rubio, Patric Leahy, Richard J. Durbin y Tim Kaine, afirman lo siguiente: “es imperativo que MACCIH pueda continuar su trabajo para avanzar en la transparencia y la rendición de cuentas sin ningún cambio en su mandato actual”.
La preocupación de estos senadores, entre los que se destaca el republicano Rubio, duro de la derecha gringa, se manifiesta en los últimos momentos del proceso de negociación entre OEA y el gobierno hondureño sobre la renovación del convenio, porque “algunos reportes de los medios sugieren que el gobierno de Honduras busca modificar el mandato de la MACCIH, acción que desencadenaría en un proceso más largo de renovación, pararía el trabajo actual de la Misión, e incluso podría llevar al cierre de sus operaciones”. En otras palabras, temen que la negociación avance peligrosamente en la perversa pretensión gubernamental de fortalecer el sistema de impunidad del país, amenazando la existencia misma de la MACCIH.
En términos perentorios y aludiendo a la transparencia y rendición de cuentas, la carta pretende que el Departamento de Estado haga lo suyo para evitar el despropósito que OEA y gobierno hondureño están por consumar. Lo que nos lleva a sospechar que el Departamento de Estado no ha hecho lo suficiente para impedir la modificación.
Las publicaciones de la embajada al respecto no tienen la contundencia que trasunta la carta, lo que nos induce a pensar que estamos ante posiciones ambivalentes en la política gringa. Por un lado, el Legislativo exigiendo la continuidad de la MACCIH “sin cambios al convenio” y, por otro, el Departamento de Estado apoyando, a secas, su continuidad.
La diferencia es abismal. Para los senadores los cambios conspiran contra la lucha anticorrupción. Para el Departamento de Estado no importa cuántos cambios sufra el convenio, siempre que siga la MACCIH; de otro modo: no importa cuánta mutilación de funciones sufra, importa solamente su presencia formal.
Ponen al descubierto con su carta los senadores, la falta de interés del Departamento de Estado en apoyar efectivamente la lucha anticorrupción en Honduras. Porque de haber tenido interés la negociación ni siquiera se habría planteado.
El motivo podemos encontrarlo en dos circunstancias que convienen a la política exterior gringa. Por un lado, la necesidad de que el gobierno goce de estabilidad -pese a los señalamientos de corrupción del mismo Trump y de conexiones con el narcotráfico planteadas por la justicia federal gringa-, por su condición de socio estratégico frente a una Latinoamérica geopolíticamente confusa en relación con los intereses estadounidenses. Por otro lado, la necesidad de asegurarse, justamente por estas circunstancias, en las elecciones que se aproximan, la reelección de Almagro en la Secretaría General de la OEA, pieza incondicional de la política exterior gringa.
El gobierno gringo es el que ha exhibido internacionalmente al gobierno hondureño, acusándolo de corrupto y de tener nexos con el narcotráfico, y, sin embargo, nada hace para evitar que la lucha anticorrupción desaparezca o disminuya con la modificación del convenio de la MACCIH. ¿Cómo entender esta posición?
Si el gobierno triunfa en su perversa pretensión de convertir a la MACCIH en un mecanismo inútil en la lucha anticorrupción, entenderá que cuenta con una patente de corso para liquidar la República, desconocer el Estado de Derecho y ultrajar la democracia, porque nada, dentro del orden interno, lo podrá impedir, y para ello contará, en el ámbito exterior, con el apoyo incondicional del gobierno de Estados Unidos.
En este escenario tan confuso creado por los intereses que dominan en la política exterior gringa, el que pagará la factura es el pueblo hondureño, que seguirá siendo víctima de las redes de corrupción, asociadas al narcotráfico, causa inmediata del colosal déficit en salud, educación, seguridad, etc.
Que no se quejen los gringos, entonces, si aumentan el trasiego de la droga y la emigración de hondureños hacia su país, esta última por la miseria a la que los condena el sistema corrupto que impera en el nuestro. En estos momentos de definición nadie puede ser indiferente, por eso, quienes estamos del lado de la MACCIH, debemos decir con fuerza y firmeza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
