Fiscalía pide privación definitiva de 113 bienes de los socios de Barralaga
La UF-ADPOL solicitó la privación definitiva de dominio de los bienes de los socios y testaferros del clan Barralaga José Arístides Flores Nájera y su esposa Waldina Lizzette Gavarrete Ortega.
Fiscales de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), solicitaron ante el Juzgado competente la privación definitiva de dominio sobre 113 bienes muebles e inmuebles, propiedad de un socio de Jorge Alberto Barralaga Rivera, hijo del exoficial Jorge Alberto Barralaga Hernández, este último condenado por lavado de activos.
Los bienes se aseguraron en noviembre pasado por parte del Ministerio Público en el marco de la denominada Operación “Perseo II ” en el departamento de Atlántida.
De acuerdo a la investigación de agentes de la ATIC asignados a la UF-ADPOL, el empresario José Arístides Flores Nájera y su esposa Waldina Lizzette Gavarrete Ortega, presos por lavado de activos, en un período del 2003 al 2017, movieron en sus cuentas bancarias alrededor de cinco mil millones de lempiras, dentro de esa cifra sin poder justificar más de cuatro mil millones de lempiras.
Es de mencionar que la pareja fue capturada en la residencial El Sauce en La Ceiba, el pasado 11 de noviembre, fue trasladada ese mismo día a Tegucigalpa para la audiencia de declaración de imputados donde quedaron presos desde ese entonces, en la audiencia inicial el juez les decretó un auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva.
De acuerdo con la investigación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), indica que sí existe un vínculo directo entre los acusados y Barralaga Rivera, quien permanece prófugo de la justicia, constatando que a través de la sociedad Marino ‘s Pescadería les compraba combustible, entre otras transacciones financieras entre sí.
La pareja son propietarios de la empresa Marino’s Pescadería, sociedad que se encuentra incautada y administrada por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) desde el 2017.
La Fiscalía logró establecer un vínculo financiero directo entre los acusados y Barralaga Rivera (prófugo de la justicia), constatando que a través de la sociedad denominada Marino´s Pescadería les compraba combustible, más otras transacciones financieras entre sí que luego de hacer el análisis financiero y patrimonial, resultaron en grandes incongruencias.
En ese sentido, luego del informe financiero y patrimonial elaborado por la Unidad de Análisis Financiero de la UF-ADPOL, se establece que los productos financieros, bienes obtenidos e inversiones realizadas, provienen de actividades ilícitas de los acusados y por ello se ha ordenado el aseguramiento de 21 bienes inmuebles, 16 vehículos, 1 embarcación, 10 sociedades mercantiles y el congelamiento de 65 cuentas bancarias.
