Le caen a morosos por L9,000 millones de ENEE

OM
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14 de enero de 2020
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12:53 am
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Le caen a morosos por L9,000 millones de ENEE

La Junta Interventora, presidida por Miriam Guzmán, supervisa los planteles de la estatal eléctrica, empezando por Tegucigalpa.

El gobierno puso en marcha ayer la “Operación Trueno Anti-Hurto” con el fin de recuperar unos 9,000 millones de lempiras que le deben grandes empresarios y comerciantes a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La medida forma parte del Plan de Rescate de la estatal energética que el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, le encomendó a una Comisión Interventora la semana pasada que preside la actual ministra del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán.

El operativo comenzó a las 6:00 de la mañana con el despliegue de policías y militares en los principales planteles de la ENEE en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba, esperando órdenes para salir a hacer los cortes del servicio a los morosos.

En Tegucigalpa, el personal del plantel del bulevar Suyapa, se topó con el retén policial al momento de ingresar a sus labores, por lo que algunos decidieron esperar afuera o regresarse a sus casas hasta segunda orden.

Los dirigentes sindicales calificaron como un “show” la restricción policial e, incluso, ponen en duda los resultados de la intervención al recordar que en la última década se hicieron acciones similares, pero se estrellaron con los intereses políticos y empresariales, arraigados en la ENEE.

Más tarde se reanudaron las labores con normalidad, pero los sindicalistas se mantienen el alerta por el temor que la intervención conlleve despidos masivos entre los más de 5,000 empleados. Fuentes empresariales aseguran que la ENEE puede operar con la mitad del personal actual y que existen planillas “fantasmas” patrocinadas por los políticos de turno.

Entre las primeras acciones, un contingente de fuerzas del orden acompañó la intervención de los planteles de la ENEE.

 

SE ACABÓ LA FIESTA

A la misma hora, el Presidente Hernández sostuvo una reunión con la Interventora y los altos mandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF. AA.), a quienes instruyó acompañar el operativo en el terreno.

La presencia militar en los operativos permitirá el ingreso a zonas denominadas “calientes”, donde las “maras” y pandillas, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula y otras ciudades, no dejan entrar el personal de facturación.

Tras la reunión con el Consejo de Seguridad y Defensa, el mandatario afirmó en comparecencia con la prensa que “esta vez no vamos a retroceder” en cobrarle a los grandes deudores y enjuiciar a quienes están hurtando energía. El operativo está reforzado por fiscales especiales del Ministerio Público (MP) y personal de Inteligencia y técnicos financieros de la ENEE.

Por su parte, Guzmán aseguró en la misma conferencia que tienen identificado a los grandes empresarios y comerciantes deudores con 120 días de retrasos de pago y agregó que junto con los residenciales la mora supera los 9,000 millones de lempiras.

“Uno de ellos debe 99 millones y no le han cortado la luz. Esto no es justo porque al pobre se la cortan con un día que se retrase”, reveló la funcionaria sin dar nombres. “Se les acabó la fiesta a todos los morosos”, señaló.

En el momento que la funcionaria se dirigía a la prensa, los operativos llegaban a sus puntos. El jefe regional de la Interventora en San Pedro Sula, David Jerezano, aseguró que allí vive el 60 por ciento de los morosos, a quienes visitarán en un principio para conminarlos al pago y corte del servicio y luego proceder judicialmente si detectan que han estado hurtando electricidad.

Al principio, los empleados de la estatal eléctrica no salían de su asombro al ver la intervención, pero luego supieron que quedan bajo el mando de la Comisión.

Cerca de las 5:00 de la tarde, el operativo todavía no había requerido a ninguno de los morosos, admitió Jerezano, pero insistió que tienen mapeado cada uno de los puntos donde operan como empresas comerciales, industriales y zonas residenciales que adeudan más de 3,000 millones de lempiras.

APLICAR LEY MARCO

La intervención conlleva la aplicación en todo su rigor de la Ley General de la Industria Eléctrica, vigente desde el 2014, pero aplicada a medias hasta ahora. Esa normativa dividió la ENEE en tres nuevas entidades: Una para dirigir las políticas públicas (Ministerio de Energía), otra para regular las tarifas (Comisión Reguladora de Energía, CREE) y la parte operativa que incluye los cobros de la factura (a cargo del consorcio colombiano Energía de Honduras, EEH) y la relación con los generadores privados (más de 20 compañías), que le venden casi el 40 por ciento del suministro.

En el caso de la EEH, el gobierno busca renegociar su contrato de 15 millones de dólares mensuales por facturar y reparaciones del alumbrado. La empresa colombiana tiene en su contra no cumplir con las metas de la recuperación de las pérdidas, logrando 34 por ciento de lo prometido el primer año de operaciones y un 29 en este momento, según Miguel Aguilar, presidente del sindicato de trabajadores de la estatal (STENEE).

La última fase de la intervención, según el plan trazado por la Interventora, tendrá que ver con las inversiones a largo plazo que incluye poner en marcha las represas estatales en construcción como “Patuca III”, finalizado en su obra física, pero paralizada porque aún no le construyen la subestación para operarla.

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